lunes, 26 de junio de 2017

EL  #CETA  COMO  SINTOMA  DEL  NUEVO  PSOE

La decisión del PSOE de abstenerse en la votación del Pleno del Congreso de los Diputados sobre el CETA (tratado entre la UE y Canadá) es un síntoma de lo que sucede en las filas socialistas tras la victoria de Pedro Sánchez en las primarias. Hay prisa en la nueva dirección por ocupar el espacio de la izquierda, y cualquier atajo vale. Y eso no siempre es bueno. El dicho popular de “vísteme despacio que tengo prisa” quizá sea un buen consejo para el nuevo PSOE, al que habría que recomendar calma, mucha calma, si quiere ser una alternativa fiable al PP.

Como ha señalado Fernando Vallespín en un reciente artículo publicado en el diario El País (“Ser de izquierdas”, 23/06/2017), el nuevo PSOE se ve obligado a sobreactuar para ir ocupando el espacio que dejó vacante tras las “idus de octubre” y evitar que se lo ocupe Unidos Podemos.

Pero, en el gran teatro de la política, las sobreactuaciones tienen que hacerse bien, con buenos actores y con interpretaciones solventes que hagan creíbles a los personajes y al relato que pretenden representar en el escenario. Por ejemplo, en el debate de la moción de censura de Unidos Podemos contra Rajoy, la interpretación del portavoz socialista Ábalos fue impecable, por su solvencia, su desenvoltura y su puesta en escena.

Sin embargo, no se puede decir lo mismo en el caso de la decisión de abstenerse en la votación sobre el CETA. Ofrece poca credibilidad una decisión apenas debatida en el pasado congreso socialista, y anunciada por twitter por la presidenta del partido Cristina Narbona, cuando todos sabemos el papel nada ejecutivo que desempeña este cargo en la estructura del partido socialista.

Tampoco ofrece credibilidad un giro de esta naturaleza, cuando días antes la portavoz del PSOE en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados había expresado su voto a favor del CETA y había alabado las bondades de un tratado que los propios eurodiputados del PSOE habían votado a favor en el Parlamento Europeo (PE) el pasado febrero.

Entonces, los eurodiputados socialistas, con Ramón Jáuregui al frente, señalaron que había que apoyar el CETA por ser un tratado de los llamados de “segunda generación”. Un tratado cuyo objetivo no es sólo eliminar aranceles y jugar sin más al libre comercio, sino precisamente regular las relaciones comerciales entre la UE y Canadá y establecer reglas para evitar la globalización salvaje (Un análisis de este tipo de tratados, entre ellos el TTIP, puede verse en el texto publicado en este blog el 05/06/2016).

No es extraño, por tanto, que este cambio de posición haya dejado perplejos a más de uno y confundidos a muchos analistas sobre las verdaderas razones del giro del PSOE en este tema de tanta importancia. Además, ha creado un fuerte malestar dentro del partido, especialmente entre el grupo de eurodiputados socialistas, y ha hecho dudar de la credibilidad del PSOE a nivel europeo.

Las razones expuestas por Manuel Escudero (responsable del área de política económica de la Ejecutiva socialista) para explicar lo que denomina “abstención razonada” sobre el CETA, no han resultado convincentes. Su apelación a la vaga resolución del 39 Congreso socialista de "establecer altos estándares sociolaborales y medioambientales en todo tratado comercial futuro", no se sostiene, por cuanto que el CETA no es un futuro tratado, sino que está ya aprobado, ha entrado en vigor, aunque provisionalmente, y sólo está pendiente de ratificación por los Estados miembros de la UE.

El CETA puede ser cuestionado, sin duda, y hay aspectos del mismo que pueden generar preocupación (por ejemplo, el tema de los sistemas de arbitraje semipúblicos). Pero, después de siete años de negociaciones, en las que los eurodiputados (entre ellos, los socialistas españoles) han introducido cambios importantes en el proyecto inicial, hay que explicar por qué se produce ahora el cambio de posición del PSOE.

Como el CETA no ha cambiado desde la votación de febrero en el PE, y tampoco ha cambiado la positiva consideración de los socialistas por Canadá (un país valorado hasta ayer mismo como adalid de la defensa del medio ambiente, ejemplo de la multiculturalidad y la acogida de refugiados, y referencia de la sostenibilidad ambiental y de la economía verde, siendo su primer ministro Trudeau calificado como la antítesis de Trump), cabe preguntarse, por tanto, qué es entonces lo que ha cambiado en el PSOE para que dé este giro.

Puede que el cambio de posición del PSOE respecto al CETA sea sólo una simple sobreactuación (como parece, al decidirse sólo por abstenerse, sin poner en riesgo la aprobación del tratado). Pero si es sólo eso, permítanme que exprese mi desagrado con el modo como ha sido representada en el escenario de la política. El “nuevo” partido de los militantes, como preconiza la nueva dirección socialista, se comporta en un asunto de tanta importancia como el “viejo” partido, tomando decisiones desde la cúpula sin debatirlo con la militancia.

Pero se podría pensar que no hay sobreactuación, sino que es el juicio sobre la globalización económica y el libre comercio lo que se ha modificado en el PSOE. Las declaraciones de los nuevos dirigentes del PSOE para justificar su rechazo al CETA, arguyendo que es un acuerdo comercial guiado por los intereses de las grandes multinacionales y que será una puerta abierta a que los mercados se impongan sobre los gobiernos y los ciudadanos, recuerdan las que en su día planteaban los partidos comunistas al proyecto de integración europea calificándolo de la “Europa de los mercados” frente a la “Europa de los ciudadanos”, y que justificaban su rechazo a integrarse en la entonces CEE.

Entonces, los partidos socialdemócratas defendieron el proyecto europeo (bien es verdad que con algunas reservas iniciales), apostando por su naturaleza política y no sólo económica y considerando que la creación de un mercado común debería ser el primer paso hacia la integración política. Era la apuesta por una integración que, a duras penas, se ha ido produciendo, y que, con todas sus limitaciones, es hoy un hecho en muchas áreas (agricultura y desarrollo rural, cohesión territorial, moneda única, libre circulación de personas, protección del medio ambiente,…).

Pero ahora los nuevos dirigentes del PSOE parecen distanciarse de la que ha sido la posición del partido en estos temas. Este giro también está ocurriendo en otros partidos socialistas europeos (por ejemplo, los británicos o los franceses) con desigual éxito. De hecho, refleja las dificultades que encuentra actualmente la socialdemocracia para afrontar los problemas del proceso de globalización económica, asumiendo, ya sea por oportunismo o por meras razones tácticas, los discursos de los movimientos y organizaciones más críticas con ese proceso.

Todos los partidos tienen derecho a cambiar de posición cuando cambia el escenario donde emprender la acción política, ya que si no lo hacen, corren el riesgo de quedarse obsoletos. Pero deben hacerlo explicando las razones que les llevan a ello, para evitar dar la imagen de partidos erráticos y de posiciones volubles.

Si el cambio del PSOE en este tema es puro tacticismo frente a Unidos Podemos, creo que no le sirve para consolidar una posición autónoma y creíble respecto a este otro partido con el que pugna por el liderazgo de la izquierda, ya que da la sensación de seguidismo y de que la agenda socialista está siendo marcada por Pablo Iglesias y su grupo. Pero si es el síntoma de un cambio estratégico, creo que debería ser objeto de un debate más profundo en el seno del PSOE.

Este asunto es demasiado importante como para despacharlo con un simple twitter y una rueda de prensa de un miembro de la Ejecutiva. Haciéndolo así, el PSOE pierde credibilidad como partido con vocación de gobierno, no sólo ante sus posibles votantes, sino ante los demás socios europeos.

Y la pierde también ante los técnicos de la Comisión y el Parlamento europeos, que han dedicado mucho esfuerzo para sacar adelante un tratado que está ya en vigor y que pone las bases de una colaboración entre la UE y Canadá, uno de los países más respetados en la esfera internacional y de mayor cercanía con los valores europeos.

lunes, 12 de junio de 2017

AMANCIO   ORTEGA   Y   LA   #SANIDAD   PÚBLICA

Desde las asociaciones de defensa de la sanidad pública, se ha criticado, hasta incluso proponer su rechazo, la donación de más de 300 millones de euros de Amancio Ortega para financiar inversiones en equipamientos en el área de oncología de las distintas Comunidades Autónomas.

Pero desde esa misma posición, se puede aceptar la decisión del dueño de Zara sin caer en la incoherencia respecto a la defensa del sistema público de salud. Esto es lo que me propongo en este breve artículo.

El área de salud es quizá el único de la política pública que está sometido a una presión insoportable debido al aumento exponencial del gasto. Y esto se debe al inexorable avance de la investigación médica y farmacéutica, a la necesidad imperiosa de incorporar los nuevos hallazgos científicos y tecnológicos, y al creciente aumento de la esperanza de vida de una población que requiere más y mejores atenciones en las etapas finales de su existencia.

Mientras que una reducción del gasto público en infraestructuras o en educación conlleva efectos que se perciben a medio o largo plazo, los recortes en sanidad tienen efectos inmediatos, que son percibidos de manera clara por la población, y que provocan reacciones críticas e incluso indignadas contra los responsables políticos. Es por ello que el de la salud es un área de la política pública de las consideradas “calientes”, siendo proclive a convertirse en un terreno de confrontación política.

Sin embargo, los recursos públicos son limitados, y ningún país, por muy boyante que sea su economía, puede atender de manera adecuada las demandas crecientes del sistema público de salud, debido precisamente, como he señalado, al incremento exponencial del gasto en este área. Por eso, los poderes públicos buscan fórmulas diversas para hacer frente a esta realidad, y evitar el deterioro de la calidad de los servicios sanitarios.

Desde la privatización pura y dura de determinados servicios, hasta la firma de convenios con entidades privadas para sacar del ámbito de los hospitales públicos determinadas prestaciones, pasando por la redefinición de la cartera de servicios básicos o por el copago sanitario y/o farmacéutico, los gobiernos buscan salidas al colapso que puede producirse cuando las cuentas del sistema público de salud no puede cubrirse con los ingresos fiscales. 

El mayor o menor énfasis en una u otra de esas fórmulas depende, sin duda, de la ideología del partido que gobierna. Sin embargo, cada vez más se observan convergencias en las políticas sanitarias de los distintos partidos, y apenas pueden observarse grandes diferencias entre ellos cuando asumen responsabilidades de gobierno. Por ejemplo, conciertos con entidades privadas existen en Comunidades Autónomas donde gobierna el PP, pero también donde gobierna el PSOE. Lo mismo cabe decir del copago o de la redefinición de la cartera de servicios básicos.

A diferencia de otros países, en España no se ha desarrollado suficientemente la cultura del mecenazgo, por lo que aún tiene que estar mejor regulada. Sólo algunas fundaciones de entidades financieras (como Caixabank, el BBVA o el Banco de Santander) o aseguradoras (como la Fundación MAPFRE), tienen programas de mecenazgo en el ámbito de la cultura o de la política social, o en la financiación de algunas becas o proyectos de investigación científica.

No es frecuente en nuestro país que particulares intervengan en el área del mecenazgo, lo que explica el impacto mediático que ha tenido la decisión de Amancio Ortega de donar una cantidad considerable a la adquisición de material y equipo en los servicios públicos de oncología. Lo que en otros países es habitual (pensemos en la labor de mecenazgo de la Fundación Bill y Melinda Gates), en España resulta tan extraño, que se duda de las buenas intenciones de unas donaciones a las que se les califica de “filantropía barata” o de las que se sospecha oscuros fines de lavado de imagen o de evasión fiscal.

Eso está ocurriendo con la donación del dueño de ZARA, que, junto a los que la elogian y agradecen, se encuentran los que la rechazan. El rechazo se basa en dos argumentos: uno, que lo que deben hacer los empresarios y propietarios de grandes fortunas como Amancio Ortega es pagar más impuestos y ofrecer a sus trabajadores unas condiciones laborales dignas; y otro, que el sistema público de salud no debe abrir la puerta a esas donaciones, sino recibir una adecuada financiación por parte de los poderes públicos. La controversia ha llegado incluso al ámbito de la política, hasta el punto de que algunos partidos (como Unidos Podemos de Navarra) se han manifestado en contra de aceptar la donación de Ortega.

Creo que el debate está errado. Como he afirmado al principio, el sistema público de salud necesita fuentes diversas de financiación si queremos que mantenga el alto nivel que ha alcanzado en nuestro país. Todos los españoles nos sentimos orgullosos de nuestro sistema público de salud, especialmente cuando se pasa por la experiencia de ser usuarios directos del mismo o de haber acompañado a algún familiar en situación de enfermedad grave. Sin embargo, somos conscientes de que es una joya frágil, que puede deteriorarse si no se le presta la debida atención y se le dedica los recursos necesarios.

Y para eso hay que explorar todas las fuentes posibles de financiación para que funcione prestando unos servicios de calidad. Para un enfermo de cáncer poco le importa si el servicio que recibe es público o privado, o si los recursos que financian los costosos equipos médicos proceden de la donación de un particular. Lo que le interesa es que el derecho a la sanidad sea un derecho de ciudadanía protegido por los poderes públicos, y que el servicio que reciba sea de calidad.

Bienvenida sea la donación de Amancio Ortega, y ojalá eso anime a otras personas a practicar el mecenazgo, y no sólo en el ámbito sanitario, sino en otras áreas.

No mezclemos churras con merinas. Es evidente que, como cualquier ciudadano, los empresarios deben pagar los impuestos que les corresponden y deben tratar a sus trabajadores de acuerdo con la normativa laboral vigente, y si no lo hacen, que caiga el peso de la ley sobre ellos.

Los gobiernos deben dedicar los recursos que sean necesarios para financiar unas políticas públicas a tono con el nivel de nuestra economía y con la riqueza que se genera en nuestro país, debiendo aplicar la política fiscal más conveniente (aún estamos varios puntos por debajo en presión fiscal respecto de la media de la UE-15).

Pero eso no impide reconocer que los recursos públicos son limitados, y que se deben diversificar las fuentes de financiación si queremos mantener un sistema de bienestar como el alcanzado en estos cuarenta años de democracia que acabamos de cumplir.