domingo, 19 de febrero de 2017

#PENSIONES

El tema de la sostenibilidad del sistema de pensiones vuelve a estar de actualidad en España, si es que alguna vez dejó de estarlo. Es un asunto que a todos nos preocupa, pero da la impresión de que no se quiere oír hablar de él, como si nos incomodara. Aunque los partidos políticos procuran no alarmar, todos sabemos, o al menos intuimos, que un sistema de "reparto" como el nuestro, financiado por las cotizaciones sociales asociadas al empleo (en contingencias comunes, la empresa paga un tipo del 23,6% y el trabajador un 4,7%), tiene problemas serios de viabilidad.

En este asunto de las pensiones, los estudios demográficos son fundamentales, pero no todos los demógrafos coinciden a la hora de hacer sus previsiones respecto a la magnitud del problema del envejecimiento o del descenso de la natalidad. Sin embargo, lo cierto es que estamos ante un problema, del que podemos discutir sobre su gravedad, pero no de que existe. Se pueden hacer todas las previsiones que se quiera para largos horizontes temporales, pero la realidad a día de hoy es que, con una ratio de 2,6 cotizantes por cada pensionista, difícilmente cuadran las cuentas de un sistema que tiene que pagar en torno a 9.000 millones de euros mensuales a casi 10 millones de pensionistas, y que acumulaba en noviembre de 2016 un déficit de casi 10.000 millones de euros (concretamente, el 0,81% del PIB).

Además, estamos a punto de agotar la llamada “hucha de las pensiones”, un fondo de reserva creado en el año 2000 con los excedentes de la seguridad social generados en la época de bonanza económica. Es un fondo, pensado para hacer frente a situaciones de déficit del sistema, tal como se ha hecho en estos años de altos niveles de desempleo. De un máximo de 68.000 millones de euros en 2011, la “hucha de las pensiones” se ha reducido hasta 16.000 millones a final de 2016, debido a que el Gobierno ha tenido que utilizar el fondo para financiar el déficit del sistema. Aunque, la cuantía que el gobierno puede utilizar de la “hucha” está limitada por ley, lo más probable es que, para 2018, se esté a punto de agotarla.

Pronto entraremos, por tanto, en esa zona peligrosa en la que el sistema no puede autofinanciarse con las cotizaciones sociales (de empresarios y de trabajadores) y no se dispone de fondo de reserva para hacerle frente. Y eso que las pensiones no contributivas y los gastos sanitarios, farmacéuticos y asistenciales, dejaron hace años de estar a cargo de la seguridad social y son financiados por el Estado a través de los presupuestos generales.

La posición oficial del gobierno, expresada por la ministra Fátima Báñez, es que este problema se resolverá generando empleo y logrando que España vuelva al nivel de los 20 millones de ocupados. Sin embargo, el Presidente del Banco de España (que de algún modo es también gobierno) manifiesta su preocupación por la viabilidad del sistema de pensiones y plantea la necesidad de retrasar la edad de jubilación más allá incluso de los 67 años previstos en la última reforma. Con ello se pretende que la seguridad social pueda seguir recaudando durante más tiempo las cotizaciones de empresarios y trabajadores.

Los partidos de la oposición rechazan en bloque esa propuesta, pero no se atreven a ofrecer alternativas claras por miedo a que se alarme su electorado. A cambio, hablan con cierta vaguedad de la necesidad de políticas que favorezcan la natalidad, de políticas de reindustrialización que generen empleos de más calidad y mejor remunerados o de promover la inmigración regulada. También se oponen a la propuesta de retrasar la edad de jubilación las centrales sindicales CC.OO. y UGT, en coherencia con su discurso del reparto del trabajo y de la reducción de la jornada laboral.

El tema es importante y merece ser debatido, y ésa es la intención de haberse abierto el pasado mes de noviembre la comisión parlamentaria del llamado “Pacto de Toledo” (un pacto firmado entre todos los grupos parlamentarios en 1995). Sin embargo, varios meses después de la reapertura de la citada comisión y tras varias reuniones, aún estamos esperando propuestas de reforma que garanticen la viabilidad de nuestro sistema de pensiones. Con el propósito de contribuir al debate, me permito exponer algunas reflexiones que, si bien no agotan la complejidad del problema, pueden contribuir a clarificar algunos aspectos del mismo.

a) Dado que las previsiones a futuro son que, en una economía cada vez más globalizada, continúe la devaluación salarial y la precarización laboral, no podemos confiar en la creación de empleo como única fuente de financiación del sistema de pensiones. Aunque España continúe por la senda del crecimiento económico y se llegue a los tan ansiados 20 millones de ocupados, o incluso a superarlos, la realidad es que el empleo generado será cada vez más precario, tanto en salario, como en temporalidad. Y en esas condiciones, las cotizaciones no podrán alcanzar los niveles necesarios para financiar el sistema mediante el actual modelo de "reparto". En este sentido es esclarecedor el Informe 2017 de la Comisión Europea para España, en el que, además de mostrar el aumento de la temporalidad y el descenso de los niveles salariales, se muestra que el 13% de los trabajadores españoles están en riesgo de pobreza y cómo el Coeficiente Gini (que mide la desigualdad) ha pasado de 49,2 a 52,9 en los últimos cinco años (el mayor aumento, junto con Grecia, de todos los países de la UE). Y todo eso a pesar de haberse recuperado la senda del crecimiento económico.

b) Dado que están llegando a la jubilación generaciones de pensionistas con pensiones más altas y dado también que la esperanza de vida va a seguir aumentando y, por tanto, el tiempo de disfrute de la pensión de jubilación seguirá ampliándose, es un hecho innegable que el gasto en pensiones continuará incrementándose, previéndose que se situará en los próximos veinte años por encima de la media europea (ahora es del 10,4% del PIB español, frente al 14% en la UE). La realidad es que aumentan los gastos y se reducen los ingresos, y que, por tanto, mientras se mantenga el actual modelo de financiación de nuestro sistema de pensiones, el problema continuará existiendo al seguir ampliándose el déficit de la seguridad social.

c) La propuesta de retrasar la edad de jubilación no debe ser rechazada por principio. Muchos países de nuestro entorno ya están aplicando una medida similar para adaptar la vida laboral a la esperanza de vida. Si se vive más, es lógico pensar que se pueda trabajar más tiempo. Sin embargo, no debe ser una imposición, sino una opción para quien desee continuar trabajando después de los 65 años. Hay empleos en los que eso no es recomendable, dado el desgaste físico y psicológico que conllevan, pero hay otros empleos en los que sería factible gracias a los avances que se han producido en los métodos de organización del trabajo. Podría ser una opción interesante para muchas personas, y, por ello, no debería descartarse. Lo mismo que tampoco debiera descartarse la opción de compatibilizar el disfrute de una jubilación y el desempeño de alguna actividad remunerada, distinta de la asociada a la pensión. Hay personas que, una vez jubiladas, quieren desempeñar actividades remuneradas, y cotizar por ellas. No creo razonable que se les deba cerrar esa posibilidad. No obstante, se afirma para contrarrestar esa propuesta que, si se prolonga la edad de jubilación, los jóvenes tendrán más dificultades para acceder al mercado laboral. Este debate es interesante, pero la realidad nos dice que, salvo en algunos sectores (entre ellos, el de la enseñanza o el sanitario, y siempre que aumente la tasa de reposición), el empleo que deja libre una persona que se jubila no es siempre ocupado por un joven.

d) Para cuadrar el sistema por la vía de reducir el gasto, no basta con modificar los criterios de cálculo (ampliando los periodos de cotización de referencia para calcular la cuantía de la pensión), ni con eliminar las bonificaciones a las empresas como incentivo a la contratación (que no se ha mostrado tan eficaz), ni tampoco con poner freno a las prejubilaciones. Es necesario que algunos tipos de pensiones (como la de viudedad y orfandad, que en 2016 representaron más de 20.000 millones de euros) puedan ser financiadas por los Presupuestos Generales del Estado (PGE) vía impuestos (generales o especiales). Eso no tiene que significar necesariamente que estas pensiones pierdan su condición de derecho para pasar a ser una concesión dependiente de la voluntad de los gobiernos, como ocurre con las pensiones no contributivas; bastaría con darle un blindaje constitucional. Sea como fuere, lo cierto es que, al pasar algunos tipos de pensiones, a ser financiados con los PGEs, se aliviaría la carga financiera del sistema, si bien es verdad que aumentaría el gasto soportado por el Estado y, si no aumentan los ingresos fiscales, se incrementaría el déficit público (con lo que se plantearía un problema ante Bruselas por incumplimiento del Pacto de Estabilidad). Es un tema complejo, pero que debe ser objeto de debate antes que recurrir a una congelación de todas las pensiones o aplicarles subidas por debajo del aumento del IPC.

e) Para cuadrarlo por la vía de los ingresos, algunas fórmulas, como la de aumentar el porcentaje de cotización en los salarios más elevados (tanto en lo que se refiere a la cuota empresarial, como a la cuota de los trabajadores), sería interesante. Es un hecho el aumento de la desigualdad, un problema éste que continuará en el futuro, produciéndose cada vez mayores diferencias entre los salarios más altos y los más bajos, por lo que tendría sentido que los grupos de población con salarios más elevados sean los que hagan más esfuerzo para la sostenibilidad del sistema de pensiones por la vía de los ingresos.

e) Apostar por un sistema público de pensiones no es incompatible con disponer de planes individuales de capitalización, lo que no significa privatizar el sistema. Este tema debería ser objeto de atención, sobre todo en lo relativo al trato fiscal que ahora reciben los planes de pensiones, y que debería revisarse, ya que, en muchos casos, se utiliza como una forma indirecta de pagar menos IRPF, más que como una vía para complementar las pensiones.

En definitiva, estamos ante un problema político serio, y no podemos confiar sólo en el crecimiento de nuestra economía para resolverlo. Habría que pensar en un modelo mixto de financiación de nuestro sistema de pensiones, que combine, de un lado, los ingresos generados con las cotizaciones sociales (de empresas y trabajadores), y de otro, una inyección de recursos por parte del Estado a través de los PGE para financiar el posible déficit de la seguridad social o bien para asumir el coste de algunos tipos de pensiones. Cuando hablo de modelo mixto no me estoy, por tanto, refiriendo a un sistema público/privado, sino a un sistema público/público que sustituya al actual modelo de "reparto" por una combinación de PGE y cotizaciones sociales.

Es cierto que hay modelos alternativos, los de "capitalización" individual (al estilo del que se aplica en países como Chile), pero supone un cambio tan radical del actual sistema de "reparto", que ni siquiera se contempla como posibilidad en el Pacto de Toledo, por lo que no me he ocupado de él en este breve texto.

Otros debates, como la reducción de la jornada laboral, la renta básica, el reparto del trabajo, el fomento de la natalidad, la mejora de las condiciones laborales o la promoción del empleo juvenil, son interesantes, y están de algún modo conectados con el tema de la viabilidad de nuestro actual sistema de pensiones, pero son debates de prospectiva que no debieran retrasar la necesidad de aplicar medidas urgentes para hacer sostenible dicho sistema.

sábado, 4 de febrero de 2017

#CATALUÑA

Es innegable el fuerte sentimiento de identidad nacional que existe en Cataluña, y que ha ido aumentando en los últimos años hasta convertirse en una cuestión política de primera magnitud. La actitud de la Generalitat y el Parlamento catalán de seguir adelante con su proyecto de desconexión unilateral del Estado, corrobora la gravedad del problema y permite pronosticar una confrontación con el gobierno central.

Para entender la complejidad del problema catalán, conviene acudir, primero, a las raíces históricas del difícil encaje de Cataluña en el Reino de España, para, luego, reflexionar sobre la viabilidad de las posibles salidas que se ofrecen hoy en el debate político generado en torno a este asunto. Sin embargo, con objeto de evitar que el lector se encuentre con un texto demasiado extenso para un medio de difusión como el blog, he optado por trasladar el apartado de “Apuntes históricos” a un anexo final, de tal forma que no sea necesario leerlo, salvo quien lo desee.

La “cuestión catalana” en el marco de la Constitución de 1978

Con la restauración de la democracia, de nuevo surge la “cuestión catalana”, si bien esta vez como reivindicación de una autonomía política que se extendió rápidamente a prácticamente todas las regiones del Estado, junto a la demanda de libertad y amnistía.

Al igual que ocurriera en la II República, se le intentó dar solución a esta reivindicación mediante la concesión de un estatuto de autonomía. Así, la Constitución de 1978 reconoce el derecho al autogobierno de los territorios que así lo quisieran, estableciendo el procedimiento para ello (Titulo VIII). La Disposición Adicional Segunda da, sin nombrarlas, un trato especial a las comunidades de Cataluña, País Vasco y Galicia (“comunidades históricas”) para que pudieran acceder por la llamada “vía rápida” (art. 151) al correspondiente Estatuto de Autonomía. No obstante, en el Título Preliminar (art. 1) del texto constitucional se establece que la “soberanía nacional reside en el pueblo español…”, lo que implica que no se reconocerá el derecho de autodeterminación de ninguna comunidad autónoma, ni la posibilidad de que una de ellas pueda separarse unilateralmente del Estado.

La Constitución de 1978 fue votada en referéndum por todos los españoles, arrojando un 87,78% de votos favorables (porcentaje equivalente al 58,97% del censo electoral). En Cataluña, los resultados fueron incluso más favorables a la Constitución que en el resto de España, con más del 90% de votos en todas las provincias catalanas a favor del texto constitucional. Ello significaba que, en una gran mayoría, la sociedad catalana se manifestaba favorable al modo como la “cuestión catalana” era encajada en la Constitución de 1978.

No es éste el lugar para analizar las razones del porqué se ha intensificado el sentimiento independentista en Cataluña en los últimos años. Son razones de muy diversa índole: cuentas fiscales, financiación de las CC.AA., actitudes irresponsables de Maragall y Zapatero al no valorar las implicaciones de la reforma estatutaria catalana, actitudes obstruccionistas del PP, sentencia del TC, descomposición del pujolismo infestado de corrupción, ascenso de ERC, pérdida de la posición hegemónica del PSC (entre otras cosas, por la creciente desafección de amplios sectores de jóvenes hijos/nietos de padres/ abuelos no catalanes, pero nacidos ellos en Cataluña), crecimiento de partidos antisistema como la CUP,… sobre las que no cabe profundizar en este breve texto.

Lo cierto es que ese sentimiento ha llegado hoy a cotas muy elevadas, alcanzando a la mitad de la población catalana (según los resultados de las últimas elecciones catalanas). A eso ha contribuido, sin duda, el agravio sentido por una gran mayoría de la sociedad catalana por haber sido rechazado parcialmente el nuevo Estatuto catalán por el Tribunal Constitucional. Como establece la Constitución, el nuevo estatuto se aprobó, primero, en el Parlamento catalán; luego, fue aprobado como Ley orgánica en las Cortes Generales, y finalmente votado en referéndum por la población catalana. Sin embargo, el PP, en actitud de clara instrumentalización política del tema catalán, presentó un recurso contra una parte del nuevo Estatut (no haciendo lo mismo con otros estatutos de autonomía que tenían artículos similares al catalán), y el TC declaró inconstitucionales algunos de los artículos recurridos.

Se creó así un conflicto de legitimidades, que, aprovechado por los dirigentes de CDC (con Artur Mas a la cabeza) para tapar los flagrantes casos de corrupción en el seno de ese partido, provocaría una intensificación del victimismo nacionalista en Cataluña y, en consecuencia, un creciente apoyo a las tesis independentistas. Todo ello ha conducido al llamado “procés” (secesión unilateral), dada la creciente desconfianza del nacionalismo (históricamente pactista y ahora independentista) respecto al inmovilismo del gobierno central. Y es ahí donde se sitúa hoy el debate político en torno al problema catalán.

El debate político y las diversas salidas a la “cuestión catalana”

En el actual debate político se plantean varias salidas. Analicémoslas. La primera consiste en reformar la Constitución de 1978 (concretamente, el Título VIII) para clarificar las competencias de las CC.AA. y organizar el Estado en un modelo federal que pudiera reconocer la identidad nacional de algunos territorios federados (dando satisfacción a la reivindicación histórica del nacionalismo catalán y vasco). Esta salida está en sintonía con la propuesta del PSOE en la Declaración de Granada. No obstante, es una salida que podría tener aún mayor calado si reformando el Título Preliminar, pudiera incluso reconocer el derecho de cada territorio a separarse del Estado, fijándose previamente el correspondiente procedimiento (sería una salida similar a lo que hizo el Parlamento de Canadá con la llamada “Ley de Claridad” para resolver el conflicto de la provincia de Quebec). Una reforma como ésta, tanto en su versión más limitada, como en la de mayor calado, exigiría una mayoría de dos tercios en el Congreso de los Diputados y una mayoría absoluta en el Senado, y sería luego sometida a referéndum de todos los españoles. Sin embargo, no veo hoy factible esta solución, al no contar con el apoyo de PP y Cs, que suman suficiente número de escaños como para bloquear esa salida.

La segunda salida que se propone consiste en que, sin abordar reforma alguna de la Constitución, el gobierno catalán y el gobierno central pacten la realización de una consulta para medir la voluntad del pueblo catalán de continuar asociado al Estado español. Esa consulta es jurídicamente posible siempre que la convoque el Rey y se regule mediante Ley (art. 92), pero, con el actual marco constitucional, nunca podrá ser vinculante, si bien sus efectos políticos serían indudables. Por ello, tampoco creo que sea una salida factible a corto plazo, pues, al no ser vinculante, conduciría a un callejón sin salida en el caso (más que probable) de que triunfaran las posiciones soberanistas. El problema catalán seguiría entonces sin resolverse, y la demanda de una consulta pactada se extendería también a otras CC.AA. como el País Vasco, abriendo así una crisis política de difícil gestión. No veo, por tanto, al gobierno de Rajoy dispuesto a asumir ese riesgo, y menos en un momento en que empiezan a surgirle algunos problemas internos (con la vuelta de Aznar al redil político).

La tercera salida es la que promueven los partidos soberanistas apelando al “derecho a decidir” de los catalanes, y que consistiría en la independencia unilateral de Cataluña. De hecho, el gobierno de la Generalitat y el Parlamento catalán ya han decidido iniciar un proceso de “desconexión” del Estado que, en intención de sus promotores, debe llevar a la creación de una República Catalana. Para ello, consideran que el primer paso es convocar un referéndum donde sólo y exclusivamente el pueblo catalán (en uso de una soberanía que los nacionalistas entienden que radica en Cataluña) pueda manifestar su opinión sobre el proceso unilateral de independencia. Esta salida no parece tampoco viable, ya que significa una flagrante ilegalidad (en el marco de la actual Constitución, ninguna Comunidad Autónoma puede convocar un referéndum de autodeterminación), y, por ello, no tendría reconocimiento en la UE. Lo más probable, por tanto, es que el proceso unilateral de independencia sea bloqueado por el gobierno central aplicando las herramientas que pone a su disposición el ordenamiento jurídico (incluida la aplicación del art. 155 que implicaría la suspensión de las competencias de la autonomía catalana). Esto no significa que el “procés” se detenga, sino que los partidos soberanistas tendrán que reconducirlo (¿nuevas elecciones catalanas?) para seguir adelante con su aspiración de lograr la independencia de Cataluña. Con lo cual, la “cuestión catalana” seguirá presente entre nosotros y habrá que convivir con ella (como decía Ortega y Gasset, el “problema catalán no se puede resolver, sino sólo conllevar”).

A las tres salidas anteriores, cabría añadir la propugnada por Herrero de Miñón, consistente no en una reforma constitucional, sino en lo que él denomina una "mutación", mediante la incorporación de una disposición adicional que, al igual que se hace para tratar la singularidad de Navarra (disposición Cuarta) o la de los territorios forales (disposición Primera), podría contemplar el reconocimiento del "hecho catalán", blindando algunos tipos de competencias (lingüísticas, culturales, económicas,...). Esa "mutación" podría, en opinión de Herrero de Miñón, ser luego sometida a referéndum de los catalanes por la vía del art. 152 de la Constitución. No obstante, esta salida, a pesar de que lleva varios años defendiéndola el propio Herrero en diversos foros, no ha sido plenamente asumida por los grandes partidos políticos e incorporada en sus programas, por lo que, aun siendo interesante, no la veo probable a corto plazo. 

Son, por tanto, varias las salidas que se plantean en el actual debate político, pero, en mi opinión, ninguna es factible a corto plazo, dada, por un lado, la gran polarización existente en la sociedad catalana y, por otro, la falta de consenso político, tanto entre los partidos del llamado “bloque constitucionalista”, como entre los situados en posiciones cercanas al soberanismo.

Lo único que veo factible es que, sin abordarse por ahora la reforma de la Constitución, el gobierno de Rajoy, mediante un cambio en su política obstruccionista respecto a Cataluña, adopte medidas proactivas que, además de dar argumentos y apoyo al bloque constitucionalista (PP, Cs y PSC), permitan reconstruir las relaciones con un sector de las élites políticas catalanas, rompiendo así la cohesión del frente independentista y minando su actual base de apoyo (por ejemplo, una reforma del sistema de financiación de las CC.AA. que mejore el trato fiscal que recibe actualmente Cataluña; mayores inversiones en infraestructuras; retirada de algunos recursos de inconstitucionalidad; cesión de algunas competencias,…). Sólo así se podrá ir creando un escenario menos polarizado que el de ahora, en el que sea factible abordar, a medio plazo, la reforma constitucional que permita un nuevo encaje de Cataluña en el Estado español.

ANEXO
Apuntes históricos sobre la cuestión catalana

Al igual que otras identidades nacionales, la catalana se ha ido construyendo en el marco de un largo periodo histórico. Sus orígenes cabe situarlos a principios del segundo milenio (siglos X y XI), cuando, tras la desmembración del imperio carolingio, los territorios de la llamada Marca Hispánica se organizan de forma autónoma, siendo el Condado de Barcelona uno de esos territorios. Sin embargo, entre los siglos XII y XV, Cataluña, como resultado de uniones matrimoniales dinásticas, se integrará, como principado, en la corona de Aragón, y seguirá así hasta que se produce la unidad del Reino de España bajo los Reyes Católicos (segunda mitad del siglo XV). Fue ésta una frágil unión de las coronas de Castilla y Aragón, que se rompió temporalmente a la muerte de la reina Isabel, cuando el rey Fernando abandona Castilla y regresa a sus feudos aragoneses.

No obstante, la unión del reino de España sería consolidada años más tarde, cuando el emperador Carlos (primera mitad del siglo XVI) hereda de sus abuelos maternos las dos coronas españolas y recibe, por parte paterna, el reino de Flandes y el imperio alemán. Fue, sin embargo, una unidad más política que real, debido a las fuertes tensiones internas y externas a las que tuvo que hacer frente el emperador y que le desviarían del propósito de construir un Estado moderno y cohesionado  (revueltas de las “comunidades” y “germanías”, guerras de religión, conflictos dentro del imperio,…).

Algo similar le ocurriría a su hijo Felipe II, aunque en menor medida, al haber dividido el emperador Carlos sus dominios cediendo el imperio alemán a su hermano Fernando. Aun así, el rey Felipe II tuvo que gobernar unos vastísimos territorios (desde Flandes a las Américas y Filipinas) en los que “nunca se ponía el sol”, viéndose, además, ante la responsabilidad, como el más poderoso rey cristiano, de liderar la guerra contra la amenaza otomana. Esto hizo que, al igual que su padre, Felipe II tuviera poco tiempo para dedicarse a la necesaria consolidación de la unidad del reino de España. No obstante, y en un claro esfuerzo integrador, se serviría de las mejores cabezas de la nobleza catalana para organizar su gobierno (un ejemplo de ello es el del barcelonés Luis de Requesens, que, entre otros cargos, fue gobernador de Milán y de los Países Bajos, además de Gran Comendador de Castilla). Sin embargo, acontecimientos como el espinoso asunto de Antonio Pérez (secretario de Felipe II) y el asesinato de Escobedo, no ayudaron a cohesionar la unión entre Castilla y Aragón.

Sea como fuere, lo cierto es que la unidad de España se ha asentado históricamente sobre bases poco sólidas, arrastrando problemas de vertebración interna, entre ellos el problema catalán. Porque es una realidad que, desde entonces, el encaje de Cataluña en el conjunto del estado español no ha sido fácil, dando lugar a puntos álgidos de fricción en estos cuatro siglos. Ha sido un largo periodo histórico, marcado siempre por la estrategia de la oligarquía catalana de aprovechar los momentos de crisis política en el Reino de España para plantear sus reivindicaciones independentistas.

Uno de esos puntos de fricción ocurrió durante el reinado de Felipe IV (siglo XVII), cuando, en plena guerra franco-española, se produce la revuelta de los “segadores”, que da nombre al himno catalán y que desemboca en el llamado “Corpus de Sangre” (7 de junio de 1640). Por cierto, fue ésta una revuelta popular que no iba dirigida expresamente contra el gobierno de España, sino contra los abusos del ejército asentado en Cataluña y contra las élites políticas catalanas incapaces de evitarlos (de hecho, ocasionó el asesinato del entonces virrey de Cataluña, el noble catalán Conde de Santa Coloma). Al verse desbordada por la revuelta, la oligarquía catalana, ante la desconfianza que le inspiraban los gobernantes españoles (en especial, el valido Conde Duque de Olivares), pide la protección de Francia (entonces gobernada por el cardenal Richelieu) para que Cataluña pudiera separarse del Reino de España. Tras un intento (frustrado) de proclamarse estado independiente, Cataluña se pone, durante quince años, a las órdenes del rey francés Luis XIII (que es proclamado Conde de Barcelona por la oligarquía catalana). No obstante, volvería Cataluña a la corona española en 1652, una vez que Francia le retirara su protección. La firma en 1659 del Tratado de los Pirineos fijará de modo definitivo la frontera franco-española y delimitará geográficamente el actual territorio de Cataluña.

Otro punto álgido de fricción tuvo lugar sesenta años más tarde. Terminada la Guerra de Sucesión con la firma de los Tratados de Utrecht (1713) y Rastatt (1714), y ante la persistencia de la población catalana y de sus gobernantes (con Rafael Casanova a la cabeza) de seguir apoyando al pretendiente austriaco (el archiduque Carlos), el rey Felipe V ordenó al Duque de Berwick la invasión de Cataluña y la ocupación militar de Barcelona, finalizando el conflicto con la derrota catalana el 11 de septiembre de 1714 (fecha por la que se conmemora la Diada). El resultado de todo ello fue la abolición de los fueros catalanes, así como la suspensión de la Generalitat y su autonomía política (Decretos de Nueva Planta, 1716). Desde entonces, Cataluña, al igual que el resto de la corona de Aragón, dejaría de ser una entidad política autónoma, se regiría por las instituciones castellanas y se integraría de forma plena en el conjunto del Reino de España.

De todos esos acontecimientos surge la denominada “cuestión catalana”, un memorial de agravios respecto al Estado central, que emerge, con más o menos intensidad, en determinadas épocas, según la situación política y económica (en algunos casos, de forma sangrienta como ocurrió durante la “Semana Trágica” de julio de 1909, pero en otros buscando el pacto y el acuerdo como sucedió con la Lliga Regionalista de Prat de la Riba y Cambó, que incluso formó parte de los gobiernos de Alfonso XIII). La “cuestión catalana” se refiere también al problema del encaje jurídico-constitucional de Cataluña en el Estado español, y eso se ha planteado en diversas ocasiones.

Al proclamarse la II República, por ejemplo, la “cuestión catalana” era un tema que mucho preocupaba a políticos e intelectuales republicanos (políticos como Azaña tenían la esperanza de solucionarlo ofreciendo a Cataluña un estatuto de autonomía, mientras que intelectuales como Ortega eran más escépticos). A pesar del desaire inicial de Maciá (máximo dirigente de Ezquerra Republicana), declarando la República de Cataluña justo el día de proclamación de la II República española, las Cortes aprobaron en 1932 el Estatuto de Cataluña y comenzaron a funcionar las instituciones autónomas de la Generalitat. Sin embargo, Lluis Company (el nuevo Presidente de la Generalitat tras la muerte de Maciá) aprovecha una de las más graves crisis por las que pasó la II República (provocada por la revolución de Asturias) para, en un contexto de clara confrontación con el gobierno central (por asuntos como la Ley de Cultivos) y de involución política (bienio negro), proclamar el 6 de octubre de 1934, desde el balcón de la Generalitat, y en un acto de deslealtad hacia las instituciones republicanas, el “Estado catalán de la República Federal Española”, lo que significaba de hecho una declaración unilateral de independencia. Ello provocó que el gobierno de centroderecha de Lerroux suspendiera temporalmente el Estatuto catalán y las instituciones autónomas, si bien, más tarde, en marzo de 1936, el gobierno del Frente Popular se las devolvería restaurando las funciones de la Generalitat.

Durante la Guerra Civil (1936-1939), Cataluña fue escenario de una fratricida y encarnizada lucha armada entre los distintos grupos de izquierda (comunistas, trotskistas y anarquistas), que aterrorizó a la burguesía catalana. Eso explica que, en marzo de 1939, una gran mayoría de la burguesía catalana recibiera con vítores en las calles de Barcelona a las tropas franquistas mandadas por el general Yagüe.

Durante la dictadura de Franco, Cataluña se benefició de la mayor parte de las grandes inversiones en infraestructuras y de las políticas proteccionistas en favor de ciertos sectores estratégicos, al tiempo que las élites económicas y políticas catalanas mantuvieron una “entente cordiale” con el régimen franquista bajo el precio de aceptar determinadas imposiciones sobre aspectos importantes de la identidad catalana (como la prohibición del idioma catalán como lengua oficial). La “cuestión catalana” quedó así congelada, que no solucionada, durante varias décadas, hasta su emergencia en los últimos años del franquismo en el marco de las amplias movilizaciones en favor de la democracia, la restauración de las libertades y el reconocimiento de la identidad nacional en algunos territorios del Estado.