CANCION   TRISTE   DEL   PSOE
(Texto escrito antes de la reunión del Comité Federal del sábado 1 de octubre
y de la dimisión de Pedro Sánchez)

No era necesario tamaño despropósito como el que están protagonizando los dirigentes del PSOE ante la vergüenza de sus militantes, la indignación de sus votantes y el estupor de la sociedad española en general. No era necesario tan lamentable espectáculo para certificar el estado calamitoso en que se encuentra el partido socialista. Su agonía puede prolongarse aún más, como en los primeros versos del poema de César Vallejo, cuando dice que “…el cadáver ¡ay! seguía muriendo”.

Las diferencias se podían haber dirimido en el seno de los órganos del partido (en el Comité Federal convocado para el próximo sábado). Pero el sector crítico, ante el miedo a que esa batalla se perdiera, decidió actuar antes, anticipándose con la dimisión de la mitad de los miembros de la Comisión Ejecutiva. Desde el punto de vista orgánico, Pedro Sánchez y su equipo se encuentran en minoría, lo que debería conducirle en situaciones normales a la dimisión, lo estipule o no los estatutos. Pero la situación del PSOE no es normal sino excepcional.

No obstante, no cabe hablar de "golpe", sino simplemente de lucha por el poder utilizando unos y otros los resortes estatutarios existentes, e interpretándolos cada grupo en su propio beneficio. Para "golpe" el que Pedro Sánchez y su actual ejecutiva fraguaron contra Tomás Gómez en la FSM (madrileña). Lo de ahora es algo tan viejo como la propia política, y tan común a todos los partidos: pugna por conquistar el poder en el seno de un partido político.

Sea como fuere, lo cierto es que el enroque de la actual dirección, apelando a la militancia, está provocando el choque entre dos legitimidades dentro del PSOE: la que apela a las bases de afiliados (democracia directa), y la que proviene de los órganos de dirección del partido (democracia representativa). Es un conflicto de legitimidades que no se resuelve por la vía de recurrir de forma oportunista a las primarias, un recurso éste que, planteado de forma precipitada, genera más problemas que soluciones.

El espectáculo de ayer ante las puertas de Ferraz fue bochornoso. Lo de Verónica Pérez, atribuyéndose la autoridad del partido, mientras ni siquiera le dejaban entrar en la sede, es una escena berlanguiana para enmarcar. Y todo puede ir a peor si, como se ha difundido en las redes sociales, los militantes que apoyan a Pedro Sánchez se concentran mañana en Madrid como si de una guardia pretoriana se tratara.

Así las cosas, el próximo Comité Federal se presenta tenso, con los puentes rotos y con las divisiones y rencillas a flor de piel. No es el escenario más idóneo ni para debatir sobre el futuro inmediato del partido (fecha del congreso y de las primarias) ni para dirimir la gran cuestión que interesa al conjunto de la ciudadanía: si el PSOE se va a abstener para facilitar el gobierno del PP en una futura sesión de investidura; si va a votar en contra y formar una opción alternativa por la izquierda, o si apuesta por ir a terceras elecciones.

Ante esta confrontación táctica por hacerse con los restos del naufragio socialista, me voy a permitir dar algunas opiniones. En primer lugar, el citado conflicto entre legitimidades es un falso debate. Apelar, como hace Pedro Sánchez, a la fuerza de la  militancia frente a los órganos de dirección en un partido que lleva desangrándose varios años hasta apenas alcanzar los actuales 190.000 afiliados (¿cuántos de ellos están realmente activos?), es cuando menos una apelación ridícula. Aún más, cuando las propias bases del PSOE y los órganos directivos están divididos sobre cuál debería ser la mejor estrategia en estos momentos (si la abstención o la formación de una alternativa por la izquierda). La mejor prueba de esa división es la fractura producida en la comisión ejecutiva.

No obstante, no se aprecia respecto a este tema un claro enfrentamiento entre esas dos legitimidades, ya que las diferencias atraviesan tanto a la militancia, como a los dirigentes. Lo mismo ocurre entre los votantes socialistas, que también están divididos sobre este asunto. Por eso, la apelación a las bases como representantes de la “pureza” democrática en el PSOE frente a unos dirigentes orgánicos a los que se les estigmatiza como “casta”, no es justificable y tiene mucho de populismo, lo que demuestra hasta qué punto el lenguaje de Podemos ha calado en las filas socialistas. 

En segundo lugar, la convocatoria urgente de un congreso y de unas primarias para elegir al secretario general del PSOE, es de una gran irresponsabilidad, rayana en la frivolidad, ante el calendario que tenemos por delante. Con la posibilidad de una nueva sesión de investidura, y, si fracasa, con el horizonte de unas terceras elecciones a mediados de diciembre, no acierto a comprender la utilidad de embarcar al PSOE en un congreso que, por fuerza, tendrá que organizarse de forma precipitada y con las heridas abiertas de la actual conflagración interna. Pero ya no hay vuelta atrás; tanto los oficialistas, como los críticos, ambos con su actitud irresponsable, abocan al partido a la convocatoria de un congreso extraordinario que tendrá que celebrarse en las próximas semanas. Sería el mejor entrenamiento para una nueva derrota electoral socialista, que dejaría en un recuerdo glorioso los actuales 85 diputados, y que no sólo conduciría al sorpasso de Podemos, sino al batacazo del propio PSOE y su descenso a niveles nunca alcanzados en su larga historia.

En tercer lugar, el actual conflicto tiene que dirimirse en el seno del Comité Federal, quizá no en la reunión de mañana sábado, pero sí en otras posteriores. Debe reunirse tantas veces como sean necesarias hasta coser, en lo posible, y si no aplazar, las actuales heridas, y alcanzar una posición unitaria, aunque eso pueda significar la salida de algunos dirigentes y la desafección de parte de la militancia. El PSOE debe pensar más en el amplio número de votantes que aún conserva, que en su exigua militancia, y para ello es más urgente intentar definir una estrategia clara ante el actual escenario político (qué hacer ante una nueva sesión de investidura), que intentar resolver de forma precipitada las diferencias internas del partido.

En cuarto lugar, y en consonancia con esto último, el Comité Federal del PSOE debe resolver el trilema del “no, no y no”. Empecemos por el último “no”. Si no quiere ir a terceras elecciones, que le serían mortales, tiene que decidirse entre formar una mayoría alternativa, con el apoyo de Pdms y los partidos nacionalistas (ya que ante el rechazo de Cs, es la única opción posible), o abstenerse para facilitar el gobierno del PP. Las dos opciones tienen sus costes, pero el PSOE tiene que elegir una de ellas. La política es el arte de elegir entre soluciones imperfectas.

Ya no estaría el PSOE ante un “trilema”, sino ante un “dilema”. Sólo así, eligiendo una de esas dos opciones dolorosas, el PSOE dejaría de “seguir muriendo”. Y, como en el último verso del mencionado poema de César Vallejo, el cadáver, dolorido (del PSOE), podría lentamente incorporarse, para de nuevo “echarse a andar” si encuentra el sosiego necesario para cerrar sus heridas y emprender su recuperación. No sé por cuánto tiempo, ni por qué camino, ni con qué compañías… Pero eso, será objeto de otro artículo.

SOBRE   IMPUTADOS,   AFORADOS  Y  RESPONSABILIDADES   POLÍTICAS

No me gustan los juicios paralelos, previos al conocimiento de las sentencias en firme. Menos me gustan esos juicios si afectan a políticos en el ejercicio de sus cargos públicos. Y no es sólo por el daño que se le hace al encausado en detrimento de su derecho a la presunción de inocencia, sino también por el daño que representa para el propio sistema democrático.

Cuando un político es imputado, los medios de comunicación, afectados como están por una grave crisis de lectores y/o audiencia, se hacen eco de la noticia magnificándola de tal modo (en grandes titulares, en primera plana o en la cabecera de los telediarios), que impactan en la opinión pública como si ya hubiera sido condenado. Diarios (en papel o digitales), emisoras de radio y canales de TV pugnan entre sí por ver cuál da la noticia con mayor sensacionalismo e impacto mediático.

Pero, luego, meses o años más tarde, cuando se hace pública la sentencia y ese mismo político es absuelto o condenado a una pena mucho menor que la solicitada por el fiscal, la noticia no se difunde con la misma amplitud e intensidad. Y si se difunde, la reacción que entonces genera en gran parte de la opinión pública es la de acusar al poder judicial de someterse al dictado de los políticos. “¿Ves? Le han rebajado la pena o lo han absuelto porque los jueces son cómplices del poder político. Son todos de la misma calaña”. Es la credibilidad del sistema democrático la que se ve afectada por este tipo de reacciones.

El fundamento de una democracia radica en la separación de poderes, y el poder judicial tiene sus procedimientos y sus ritmos. En no pocas ocasiones, son procesos exasperadamente lentos, debido a la complejidad de los casos y a la escasez de recursos con que cuentan los jueces para abordar largas y tortuosas investigaciones en la fase de instrucción. Lo importante es que el poder judicial sea independiente a la hora de desarrollar sus funciones y que el poder político no interfiera las decisiones de los jueces, aunque como cualquier ciudadano los políticos pueden criticar las sentencias y recurrirlas si ha lugar. También los jueces deben ejercer con mesura sus funciones y no sobreactuar cuando tienen delante una "presa" de valor político.

En ese contexto cabe plantearse varias cuestiones. La primera se refiere a la actitud personal que debe tener el político que es imputado (investigado) si el juez de instrucción ve indicios de culpabilidad. En países democráticos ya maduros, ni siquiera se espera a la imputación. Basta con que caiga la más mínima sospecha sobre un político en el ejercicio de su cargo o incluso en su vida privada, para que se vea en el deber (que no en la obligación) de dimitir.

Tenemos múltiples ejemplos de políticos norteamericanos, británicos, alemanes o suecos, que han visto truncadas sus carreras políticas por comportamientos reprobables en el ámbito de sus vidas públicas o privadas. Para dimitir no han tenido que esperar a ser imputados por un juez, ni a que se apliquen los códigos éticos de sus correspondientes partidos, ni al conocimiento de una sentencia. Su retirada de la vida política es fruto del imperativo moral que impregna las culturas democráticas ya maduras y que es interiorizado por quien se dedica a la política, ya que la sociedad en la que vive también se rige por ese código ético en todo lo relativo a la utilización de los recursos públicos. Por desgracia, en nuestro país, la dimisión por imperativo moral es la excepción y no la regla.

La segunda cuestión se refiere a la norma que deben aplicar los partidos políticos cuando en sus filas surjan casos de corrupción o de comportamientos reprobables que afectan a algunos de sus dirigentes o afiliados. En un momento de crisis económica e institucional como la actual, los partidos políticos, conscientes de su debilidad y escasa credibilidad en la opinión pública, responden de forma precipitada y errática ante la presión mediática, 

Todo eso lleva a partidos políticos y a medios de comunicación a no establecer una clara distinción entre las diferentes categorías de corrupción (prevaricación, malversación de fondos públicos, cohecho,…) a la hora de reaccionar cuando un dirigente es imputado. Lo mismo da que haya sólo prevaricado en el ejercicio de su cargo sin haberse enriquecido personalmente; que haya malversado fondos o recibido comisiones a cambio de determinadas decisiones, o simplemente que haya ejercido tráfico de influencia. En ese contexto paranoico, todo es corrupción, sin importar de qué grado y gravedad. No es extraño, por tanto, que dé la impresión de que nuestro país esté inmerso en un lodazal de corrupción, cuando la realidad no es así (hay más de cien mil cargos políticos electos en España, y en su gran mayoría desarrollan su actividad de manera honesta).

En una frenética carrera, los partidos, presionados por los medios de comunicación, compiten entre sí por ver cual pone el listón más alto a la hora de pedir responsabilidades a los políticos envueltos en casos de corrupción. Eso les lleva a exigir el cese de un alto cargo o la expulsión de un afiliado por el solo hecho de ser imputado, sin esperar a la apertura del juicio oral o a la terminación del proceso judicial con el dictado de la correspondiente sentencia.

En principio, y como ideal, sólo la condena en firme debería ser el criterio de un partido para actuar contra el afiliado que ocupe un cargo público y sea encausado en un proceso judicial. Actuar en el momento de la imputación, en pleno proceso de instrucción del sumario, sería atentar contra la presunción de inocencia. Actuando así, los partidos políticos contribuyen a los juicios paralelos con actuaciones efectistas que responden más a presiones mediáticas, que a la aplicación de un código ético coherente, generando daños irreparables en los militantes afectados por ello,

Otra cosa diferente es que, determinados cargos institucionales, deberían renunciar a sus puestos en caso de ser imputados o citados a la apertura en el juicio oral, para evitar el descrédito de la institución a la que representan cuando llegue el momento de sentarse en el banquillo de los acusados. Debería ser una renuncia movida por el imperativo moral a que antes me he referido, pero, si no se produjera, el partido tendría que actuar en esos casos forzando la dimisión para evitar males mayores.

Otra cuestión es el tema del aforamiento, muy unido a las dos cuestiones anteriores y que exigiría una reflexión más amplia, ya que la opinión pública identifica el hecho de estar aforado con la impunidad, cuando no es realmente así. Ser aforado no significa ser impune a la justicia, sino ser juzgado por tribunales especiales (tribunal supremo o tribunales de justicia de las Comunidades Autónomas).

Sea como fuere, lo cierto es que España es el país con mayor número de aforados, y que debe reducirse de modo sensible, debiendo quedar limitado a cargos institucionales de alto nivel (la corona, las presidencias de los gobiernos nacional y autonómicos, las presidencias del Congreso y Senado, los magistrados del TC, y poco más). De ese modo, un diputado o senador, por ejemplo, no verá en la retención de su escaño una vía para protegerse por estar aforado ante una imputación por parte del poder judicial ordinario.

Estas son algunas reflexiones sobre un tema que está permanentemente en la agenda pública, y actualmente aún más por casos tan significativos como el de los socialistas Chaves o Griñán o el de la popular Rita Barberá. Los medios de comunicación, y la propia opinión pública, ya los han condenado en un juicio paralelo, mucho antes de que se sienten en el banquillo y el tribunal sentenciador proceda a interrogarlos y dictar sentencia. 

¿Qué ocurriría si fueran declarados inocentes de los cargos que se les imputan o si las condenas fuesen mucho menores que las solicitadas por el fiscal anticorrupción? Me temo que, debido a esos juicios paralelos previos, en tales circunstancias la justicia saldrá muy mal parada en su imagen de independencia, y la democracia perderá un grado más de credibilidad.

¿HAY  ALTERNATIVA  VIABLE  POR  LA  IZQUIERDA?

Fracasado el intento de Rajoy de ser investido Presidente de Gobierno, el líder del PP insiste en perseverar en el intento, con el argumento (poco consistente) de que él obtuvo 137 escaños y casi ocho millones de votos. Y digo poco consistente porque en los sistemas parlamentarios como el español, los que obtienen los escaños y los votos son los partidos, no sus presidentes o secretarios generales. Y esto vale también para Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera.

En el caso de Rajoy, es verdad que obtuvo un importante porcentaje de votos en la circunscripción por la que se presentó (Madrid), pero el cómputo final referido a toda España corresponde al PP no a su presidente.

Es por eso que los máximos dirigentes de los partidos políticos no pueden esgrimir ningún derecho a ser candidatos para someterse a la sesión de investidura, ya que ésa es una decisión que le corresponde adoptar a los órganos directivos de cada partido valorando la idoneidad del candidato para obtener la mayoría parlamentaria.

Por eso, fracasada la candidatura de Rajoy, el PP podría elegir a otra persona para una nueva sesión de investidura. Por ahora, el PP apoya sin fisuras a Rajoy, pero no se sabe por cuánto tiempo mantendrá ese “prietas las filas” si necesitara mover alguna ficha para lograr más apoyos de los obtenidos en la pasada sesión.

Sea como fuere, lo cierto es que se abre un nuevo escenario donde caben otras opciones alternativas. Una de ellas es que el PSOE intente, de nuevo, construir lo que denomina una “mayoría progresista por el cambio” con el apoyo (activo o pasivo) de Cs y de Pdms. Pero, dado que se mantiene el veto entre Cs y Pdms, no parece probable que Pedro Sánchez vuelva a intentar esa fórmula, aunque nunca se sabe, dadas las nuevas circunstancias y la amenaza de unas terceras elecciones. Para evitarlas, cabe incluso la posibilidad, como una variante de esa opción, que el PSOE gobierne en minoría con sólo sus 84 diputados tras lograr que Cs y Pdms apoyen al candidato socialista en la investidura, pero sería un gobierno tan débil y sometido a una triple pinza, que dudo que el propio PSOE se atreva a intentarlo.

Otra opción es que la alternativa al PP la intente el PSOE por la izquierda, mediante una alianza con Pdms e IU. Dicha alianza, al sumar sólo 156 escaños, necesitaría, además, para superar la investidura, el apoyo de los partidos nacionalistas (algunos con claras estrategias independentistas). A esta opción es a la que quiero dedicarle algunas reflexiones.

Desde la aritmética, las cuentas podrían salir. Por tanto, una alternativa de izquierda (PSOE, Pdms e IU, con el apoyo en la investidura de los grupos nacionalistas) es posible, y además legítima. Pero en términos políticos, cabe preguntarse si es viable y conveniente que, con los actuales mimbres, la izquierda forme un gobierno alternativo al del PP. En mi opinión, hay razones para dudar de su viabilidad y conveniencia.

La primera duda radica en la profunda desconfianza que existe entre los socios de la posible coalición de izquierda. Es una desconfianza que incluso ha aumentado tras la desgraciada experiencia de la pasada y corta legislatura, en la que la actitud negativa de Pdms, y especialmente de su líder Pablo Iglesias (obsesionado por el sorpasso), hizo naufragar el intento de PSOE y Cs de formar un gobierno por el cambio.

Una segunda razón para dudar de esa alternativa se debe a que los partidos de la posible coalición de izquierda están sumidos, tras los malos resultados del 26-J, en crisis internas que deben resolver antes de aceptar responsabilidades de gobierno. El PSOE ha caído a los más bajos resultados de su historia y necesita una renovación profunda, mientras que Pdms e IU aún se preguntan por las causas de que no le haya funcionado la coalición “Unidos Podemos”.

Hay finalmente una tercera razón, y es la escasa fiabilidad que ofrece Pdms como socio de gobierno al ser todavía un partido internamente poco cohesionado. No olvidemos que Pdms es el resultado de la confluencia de, al menos, cinco plataformas políticas (mareas) que aún no han sabido construir estructuras políticas idóneas para ejercer con eficacia el papel que le corresponde en un sistema de democracia representativa como el nuestro. Eso le llevará su tiempo y un rodaje parlamentario (en forma de pactos y acuerdos entre fuerzas políticas) que aún no tienen los dirigentes de Pdms. Su experiencia en los gobiernos locales y regionales es aún limitada. Recordemos que el PSOE dirigido por Felipe González perdió dos elecciones antes de su victoria en octubre de 1982.

Por todo ello, en momentos de crisis económica como la actual, cuando habrá que continuar haciendo recortes severos e impopulares y cuando el margen de maniobra en materia de política económica es muy escaso, no acabo de entender qué ventajas puede tener para la izquierda formar un débil gobierno de coalición entre una amalgama de partidos y plataformas políticas, que, nada más constituirse, tendrá que gobernar en un escenario económico muy restrictivo y que deberá gestionar complejas reivindicaciones soberanistas (especialmente, la catalana). ¿Le merecerá la pena a la izquierda el esfuerzo y el coste político de tener que aplicar políticas de ajuste en las que no cree? ¿Podrá soportar las presiones soberanistas un gobierno tan dispar y con tan diferentes sensibilidades internas sobre la articulación territorial de nuestro país?.

El objetivo común de expulsar a Rajoy del gobierno no es suficiente argamasa con la que construir un proyecto político de cambio. Se necesita algo más sólido, y eso, a día de hoy, no existe en una posible alianza PSOE-Pdms. Creo, por tanto, que, en esas circunstancias, sería más conveniente para la izquierda estar en la oposición sirviendo de aglutinador de las demandas sociales y estableciendo puentes y relaciones de confianza entre sus dirigentes para la construcción de futuras alianzas.

En tal situación, y si el Comité Federal rechaza pactar con Pdms, al PSOE sólo le cabe o abstenerse para facilitar un gobierno del PP (con o sin Rajoy), o mantener su negativa y quedar abocado a nuevas elecciones en diciembre, o esperar a que el actual trilema se lo resuelvan los resultados de las elecciones vascas.

En el caso de que decida abstenerse, cabe preguntarse si le conviene al PSOE poner precio a esa abstención o debería sólo hacerlo por razones de gobernabilidad sin pedir nada a cambio. Ambas opciones tienen sus pros y sus contras.

En principio puede parecer más lógico exigirle al PP un precio por la abstención en forma de reformas pactadas, tal como planteé en mi anterior artículo (ver texto publicado en el blog el pasado 9 de julio). Pero eso implica, de algún modo, hacerse cómplice  de esas reformas sin tener la facultad de desarrollarlas al renunciar a formar parte de un gobierno de coalición. Dada la desconfianza que el PP le genera al PSOE, implicarse en ese compromiso tiene sus riesgos si el PP no cumple lo acordado. Y entonces, el PSOE sería blanco de las críticas de Pdms (vosotros, los socialistas, fuisteis ingenuos y sois ahora los responsables de que un PP corrupto siga en el gobierno cuatro años más).

Por eso, no les falta razón a los que piensan que si el PSOE optara por la abstención lo debería hacer sin exigirle al PP nada a cambio, en aras sólo de la gobernabilidad y pensando en evitar unas terceras elecciones. En tal caso, el PSOE tendría las manos más libres para ejercer de primer partido de la oposición y resistir los embates de Pdms. Pero esto es algo que tendrán que valorar los dirigentes socialistas llegado el caso.

En definitiva, la izquierda no está en condiciones de ofrecer una alternativa viable y consistente al PP. Puede desempeñar un papel más útil y positivo desde la oposición en unas circunstancias en las que la función del Parlamento será más importante en sus tareas de control y de iniciativa legislativa.