domingo, 19 de febrero de 2017

#PENSIONES

El tema de la sostenibilidad del sistema de pensiones vuelve a estar de actualidad en España, si es que alguna vez dejó de estarlo. Es un asunto que a todos nos preocupa, pero da la impresión de que no se quiere oír hablar de él, como si nos incomodara. Aunque los partidos políticos procuran no alarmar, todos sabemos, o al menos intuimos, que ha dejado de ser viable un sistema de "reparto" como el nuestro, financiado por las cotizaciones asociadas al empleo (en contingencias comunes, la empresa paga un tipo del 23,6% y el trabajador un 4,7%).

En este asunto de las pensiones, los estudios demográficas son fundamentales, pero no todos los demógrafos coinciden a la hora de hacer sus previsiones respecto a la magnitud del envejecimiento o la natalidad. Sin embargo, lo cierto es que estamos ante un problema, del que podemos discutir sobre su gravedad, pero no de que existe. Se pueden hacer todas las previsiones que se quiera para largos horizontes temporales, pero la realidad a día de hoy es que, con una ratio de 2,6 cotizantes por cada pensionista, difícilmente cuadran las cuentas de un sistema que tiene que pagar en torno a 9.000 millones de euros mensuales a casi 10 millones de pensionistas, y que acumulaba en noviembre de 2016 un déficit de casi 10.000 millones de euros (concretamente, el 0,81% del PIB).

Además, estamos a punto de agotar la llamada “hucha de las pensiones”, un fondo de reserva creado en el año 2000 con los excedentes de la seguridad social generados en la época de bonanza económica. Es un fondo, pensado para hacer frente a situaciones de déficit del sistema, tal como se ha hecho en estos años de altos niveles de desempleo. De un máximo de 68.000 millones de euros en 2011, la “hucha de las pensiones” se ha reducido hasta 16.000 millones a final de 2016, debido a que el Gobierno ha tenido que utilizar el fondo para financiar el déficit del sistema. Aunque, la cuantía que el gobierno puede utilizar de la “hucha” está limitada por ley, lo más probable es que, para 2018, se esté a punto de agotarla.

Pronto entraremos, por tanto, en esa zona peligrosa en la que el sistema no puede autofinanciarse con las cotizaciones sociales (de empresarios y de trabajadores) y no se dispone de fondo de reserva para hacerle frente. Y eso que las pensiones no contributivas y los gastos sanitarios, farmacéuticos y asistenciales, dejaron hace años de estar a cargo de la seguridad social y son financiados por el Estado a través de los presupuestos generales.

La posición oficial del gobierno, expresada por la ministra Fátima Báñez, es que este problema se resolverá generando empleo y logrando que España vuelva al nivel de los 20 millones de ocupados. Sin embargo, el Presidente del Banco de España (que de algún modo es también gobierno) manifiesta su preocupación por la viabilidad del sistema de pensiones y plantea la necesidad de retrasar la edad de jubilación más allá incluso de los 67 años previstos en la última reforma. Con ello se pretende que la seguridad social pueda seguir recaudando durante más tiempo las cotizaciones de empresarios y trabajadores.

Los partidos de la oposición rechazan en bloque esa propuesta, pero no se atreven a ofrecer alternativas claras por miedo a que se alarme su electorado, hablando con cierta vaguedad de la necesidad de políticas que favorezcan la natalidad o políticas de reindustrialización que generen empleos de más calidad y mejor remunerados. También se oponen a esa propuesta las centrales sindicales CC.OO. y UGT, en coherencia con su discurso del reparto del trabajo y de la reducción de la jornada laboral.

El tema es importante y merece ser debatido, y ésa es la intención de haberse abierto el pasado mes de noviembre la comisión parlamentaria del llamado “Pacto de Toledo” (un pacto firmado entre todos los grupos parlamentarios en 1995). Sin embargo, varios meses después de la reapertura de la citada comisión y tras varias reuniones, aún estamos esperando propuestas de reforma que garanticen la viabilidad de nuestro sistema de pensiones. Con el propósito de contribuir al debate, me permito exponer algunas reflexiones que, si bien no agotan su complejidad, pueden contribuir a clarificar algunos aspectos del mismo.

a) Dado que las previsiones a futuro son que, en una economía cada vez más globalizada, continúe la devaluación salarial y la precarización laboral, no podemos confiar en la creación de empleo como única fuente de financiación del sistema de pensiones. Aunque España continúe por la senda del crecimiento económico y se llegue a los tan ansiados 20 millones de ocupados, o incluso a superarlos, la realidad es que el empleo generado será cada vez más precario, tanto en salario, como en temporalidad. Y en esas condiciones, las cotizaciones no podrán alcanzar los niveles necesarios para financiar el sistema mediante el actual modelo de "reparto". En este sentido es esclarecedor el Informe 2017 de la Comisión Europea para España, en el que, además de mostrar el aumento de la temporalidad y el descenso de los niveles salariales, se muestra que el 13% de los trabajadores españoles están en riesgo de pobreza y cómo el Coeficiente Gini (que mide la desigualdad) ha pasado de 49,2 a 52,9 en los últimos cinco años (el mayor aumento, junto con Grecia, de todos los países de la UE). Y todo eso a pesar de haberse recuperado la senda del crecimiento económico.

b) Dado que están llegando a la jubilación generaciones de pensionistas con pensiones más altas y dado también que la esperanza de vida va a seguir aumentando y, por tanto, el tiempo de disfrute de la pensión de jubilación seguirá ampliándose, es un hecho innegable que el gasto en pensiones continuará incrementándose. En consecuencia, aumentan los gastos, se reducen los ingresos. Por tanto, mientras se mantenga el actual modelo de financiación de nuestro sistema de pensiones, el problema continuará existiendo al seguir aumentando el déficit de la seguridad social.

c) La propuesta de retrasar la edad de jubilación no debe ser rechazada por principio. Muchos países de nuestro entorno ya están aplicando una medida similar para adaptar la vida laboral a la esperanza de vida. Si se vive más, es lógico pensar que se pueda trabajar más tiempo. Sin embargo, no debe ser una imposición, sino una opción para quien desee continuar trabajando después de los 65 años. Hay empleos en los que eso no es recomendable, dado el desgaste físico y psicológico que conllevan, pero hay otros empleos en los que sería factible gracias a los avances que se han producido en los métodos de organización del trabajo. Podría ser una opción interesante para muchas personas, y, por ello, no debería descartarse. Lo mismo que tampoco debiera descartarse la opción de compatibilizar el disfrute de una jubilación y el desempeño de alguna actividad remunerada, distinta de la asociada a la pensión. Hay personas que, una vez jubiladas, quieren desempeñar actividades remuneradas, y cotizar por ellas. No creo razonable que se les deba cerrar esa posibilidad. No obstante, se afirma para contrarrestar esa propuesta que, si se prolonga la edad de jubilación, los jóvenes tendrán más dificultades para acceder al mercado laboral. Este debate es interesante, pero la realidad nos dice que, salvo en algunos sectores (entre ellos, el de la enseñanza o el sanitario, y siempre que aumente la tasa de reposición), el empleo que deja libre una persona que se jubila no es siempre ocupado por un joven.

d) Para cuadrar el sistema por la vía de reducir el gasto, no basta con modificar los criterios de cálculo (ampliando los periodos de cotización de referencia para calcular la cuantía de la pensión), ni con eliminar las bonificaciones a las empresas como incentivo a la contratación (que no se ha mostrado tan eficaz), ni tampoco con poner freno a las prejubilaciones. Es necesario que algunos tipos de pensiones (como la de viudedad y orfandad, que en 2016 representaron más de 20.000 millones de euros) puedan ser financiadas por los Presupuestos Generales del Estado (PGE) vía impuestos (generales o especiales), lo cual no tiene que significar necesariamente que estas pensiones pierdan su condición de derecho para pasar a ser una concesión dependiente de la voluntad de los gobiernos, como las pensiones no contributivas. Con ello se aliviaría la carga financiera que actualmente soporta el sistema, al pasar a los PGE algunos tipos de pensiones. Esto es preferible a tener que congelar todas las pensiones o a aplicarles subidas por debajo del aumento del IPC.

e) Para cuadrarlo por la vía de los ingresos, algunas fórmulas, como la de aumentar el porcentaje de cotización en los salarios más elevados (tanto en lo que se refiere a la cuota empresarial, como a la cuota de los trabajadores), sería interesante. Es un hecho el aumento de la desigualdad, un problema éste que continuará en el futuro, produciéndose cada vez mayores diferencias entre los salarios más altos y los más bajos, por lo que tendría sentido que los grupos de población con salarios más elevados sean los que hagan más esfuerzo para la sostenibilidad del sistema de pensiones por la vía de los ingresos.

e) Apostar por un sistema público de pensiones no es incompatible con disponer de planes privados, lo que no significa privatizar el sistema. Este tema debería ser objeto de atención, sobre todo en lo relativo al trato fiscal que ahora reciben los planes de pensiones, y que debería revisarse, ya que, en muchos casos, se utiliza como una forma indirecta de pagar menos IRPF, más que como una vía para complementar las pensiones.

En definitiva, estamos ante un problema político serio, y no podemos confiar sólo en el crecimiento de nuestra economía para resolverlo. Habría que pensar en un modelo mixto de financiación de nuestro sistema de pensiones, que combine, de un lado, los ingresos generados con las cotizaciones sociales (de empresas y trabajadores), y de otro, una inyección de recursos por parte del Estado a través de los PGE para financiar el posible déficit o bien para asumir el coste de algunos tipos de pensiones. Cuando hablo de modelo mixto no me estoy refiriendo a un sistema público/privado, sino a un sistema público/público que sustituya al actual modelo de "reparto" por una combinación de PGE y cotizaciones sociales.

Otros debates, como la reducción de la jornada laboral, la renta básica, el reparto del trabajo, el fomento de la natalidad, la mejora de las condiciones laborales o la promoción del empleo juvenil, son interesantes, y están de algún modo conectados con el tema de la viabilidad del sistema de pensiones, pero son debates de prospectiva que no debieran retrasar la necesidad de aplicar medidas urgentes para hacer sostenible dicho sistema.

sábado, 4 de febrero de 2017

#CATALUÑA

Es innegable el fuerte sentimiento de identidad nacional que existe en Cataluña, y que ha ido aumentando en los últimos años hasta convertirse en una cuestión política de primera magnitud. La actitud de la Generalitat y el Parlamento catalán de seguir adelante con su proyecto de desconexión unilateral del Estado, corrobora la gravedad del problema y permite pronosticar una confrontación con el gobierno central.

Para entender la complejidad del problema catalán, conviene acudir, primero, a las raíces históricas del difícil encaje de Cataluña en el Reino de España, para, luego, reflexionar sobre la viabilidad de las posibles salidas que se ofrecen hoy en el debate político generado en torno a este asunto. Sin embargo, con objeto de evitar que el lector se encuentre con un texto demasiado extenso para un medio de difusión como el blog, he optado por trasladar el apartado de “Apuntes históricos” a un anexo final, de tal forma que no sea necesario leerlo, salvo quien lo desee.

La “cuestión catalana” en el marco de la Constitución de 1978

Con la restauración de la democracia, de nuevo surge la “cuestión catalana”, si bien esta vez como reivindicación de una autonomía política que se extendió rápidamente a prácticamente todas las regiones del Estado, junto a la demanda de libertad y amnistía.

Al igual que ocurriera en la II República, se le intentó dar solución a esta reivindicación mediante la concesión de un estatuto de autonomía. Así, la Constitución de 1978 reconoce el derecho al autogobierno de los territorios que así lo quisieran, estableciendo el procedimiento para ello (Titulo VIII). La Disposición Adicional Segunda da, sin nombrarlas, un trato especial a las comunidades de Cataluña, País Vasco y Galicia (“comunidades históricas”) para que pudieran acceder por la llamada “vía rápida” (art. 151) al correspondiente Estatuto de Autonomía. No obstante, en el Título Preliminar (art. 1) del texto constitucional se establece que la “soberanía nacional reside en el pueblo español…”, lo que implica que no se reconocerá el derecho de autodeterminación de ninguna comunidad autónoma, ni la posibilidad de que una de ellas pueda separarse unilateralmente del Estado.

La Constitución de 1978 fue votada en referéndum por todos los españoles, arrojando un 87,78% de votos favorables (porcentaje equivalente al 58,97% del censo electoral). En Cataluña, los resultados fueron incluso más favorables a la Constitución que en el resto de España, con más del 90% de votos en todas las provincias catalanas a favor del texto constitucional. Ello significaba que, en una gran mayoría, la sociedad catalana se manifestaba favorable al modo como la “cuestión catalana” era encajada en la Constitución de 1978.

No es éste el lugar para analizar las razones del porqué se ha intensificado el sentimiento independentista en Cataluña en los últimos años. Son razones de muy diversa índole: cuentas fiscales, financiación de las CC.AA., actitudes irresponsables de Maragall y Zapatero al no valorar las implicaciones de la reforma estatutaria catalana, actitudes obstruccionistas del PP, sentencia del TC, descomposición del pujolismo infestado de corrupción, ascenso de ERC, pérdida de la posición hegemónica del PSC (entre otras cosas, por la creciente desafección de amplios sectores de jóvenes hijos/nietos de padres/ abuelos no catalanes, pero nacidos ellos en Cataluña), crecimiento de partidos antisistema como la CUP,… sobre las que no cabe profundizar en este breve texto.

Lo cierto es que ese sentimiento ha llegado hoy a cotas muy elevadas, alcanzando a la mitad de la población catalana (según los resultados de las últimas elecciones catalanas). A eso ha contribuido, sin duda, el agravio sentido por una gran mayoría de la sociedad catalana por haber sido rechazado parcialmente el nuevo Estatuto catalán por el Tribunal Constitucional. Como establece la Constitución, el nuevo estatuto se aprobó, primero, en el Parlamento catalán; luego, fue aprobado como Ley orgánica en las Cortes Generales, y finalmente votado en referéndum por la población catalana. Sin embargo, el PP, en actitud de clara instrumentalización política del tema catalán, presentó un recurso contra una parte del nuevo Estatut (no haciendo lo mismo con otros estatutos de autonomía que tenían artículos similares al catalán), y el TC declaró inconstitucionales algunos de los artículos recurridos.

Se creó así un conflicto de legitimidades, que, aprovechado por los dirigentes de CDC (con Artur Mas a la cabeza) para tapar los flagrantes casos de corrupción en el seno de ese partido, provocaría una intensificación del victimismo nacionalista en Cataluña y, en consecuencia, un creciente apoyo a las tesis independentistas. Todo ello ha conducido al llamado “procés” (secesión unilateral), dada la creciente desconfianza del nacionalismo (históricamente pactista y ahora independentista) respecto al inmovilismo del gobierno central. Y es ahí donde se sitúa hoy el debate político en torno al problema catalán.

El debate político y las diversas salidas a la “cuestión catalana”

En el actual debate político se plantean varias salidas. Analicémoslas. La primera consiste en reformar la Constitución de 1978 (concretamente, el Título VIII) para clarificar las competencias de las CC.AA. y organizar el Estado en un modelo federal que pudiera reconocer la identidad nacional de algunos territorios federados (dando satisfacción a la reivindicación histórica del nacionalismo catalán y vasco). Esta salida está en sintonía con la propuesta del PSOE en la Declaración de Granada. No obstante, es una salida que podría tener aún mayor calado si reformando el Título Preliminar, pudiera incluso reconocer el derecho de cada territorio a separarse del Estado, fijándose previamente el correspondiente procedimiento (sería una salida similar a lo que hizo el Parlamento de Canadá con la llamada “Ley de Claridad” para resolver el conflicto de la provincia de Quebec). Una reforma como ésta, tanto en su versión más limitada, como en la de mayor calado, exigiría una mayoría de dos tercios en el Congreso de los Diputados y una mayoría absoluta en el Senado, y sería luego sometida a referéndum de todos los españoles. Sin embargo, no veo hoy factible esta solución, al no contar con el apoyo de PP y Cs, que suman suficiente número de escaños como para bloquear esa salida.

La segunda salida que se propone consiste en que, sin abordar reforma alguna de la Constitución, el gobierno catalán y el gobierno central pacten la realización de una consulta para medir la voluntad del pueblo catalán de continuar asociado al Estado español. Esa consulta es jurídicamente posible siempre que la convoque el Rey y se regule mediante Ley (art. 92), pero, con el actual marco constitucional, nunca podrá ser vinculante, si bien sus efectos políticos serían indudables. Por ello, tampoco creo que sea una salida factible a corto plazo, pues, al no ser vinculante, conduciría a un callejón sin salida en el caso (más que probable) de que triunfaran las posiciones soberanistas. El problema catalán seguiría entonces sin resolverse, y la demanda de una consulta pactada se extendería también a otras CC.AA. como el País Vasco, abriendo así una crisis política de difícil gestión. No veo, por tanto, al gobierno de Rajoy dispuesto a asumir ese riesgo, y menos en un momento en que empiezan a surgirle algunos problemas internos (con la vuelta de Aznar al redil político).

La tercera salida es la que promueven los partidos soberanistas apelando al “derecho a decidir” de los catalanes, y que consistiría en la independencia unilateral de Cataluña. De hecho, el gobierno de la Generalitat y el Parlamento catalán ya han decidido iniciar un proceso de “desconexión” del Estado que, en intención de sus promotores, debe llevar a la creación de una República Catalana. Para ello, consideran que el primer paso es convocar un referéndum donde sólo y exclusivamente el pueblo catalán (en uso de una soberanía que los nacionalistas entienden que radica en Cataluña) pueda manifestar su opinión sobre el proceso unilateral de independencia. Esta salida no parece tampoco viable, ya que significa una flagrante ilegalidad (en el marco de la actual Constitución, ninguna Comunidad Autónoma puede convocar un referéndum de autodeterminación), y, por ello, no tendría reconocimiento en la UE. Lo más probable, por tanto, es que el proceso unilateral de independencia sea bloqueado por el gobierno central aplicando las herramientas que pone a su disposición el ordenamiento jurídico (incluida la aplicación del art. 155 que implicaría la suspensión de las competencias de la autonomía catalana). Esto no significa que el “procés” se detenga, sino que los partidos soberanistas tendrán que reconducirlo (¿nuevas elecciones catalanas?) para seguir adelante con su aspiración de lograr la independencia de Cataluña. Con lo cual, la “cuestión catalana” seguirá presente entre nosotros y habrá que convivir con ella (como decía Ortega y Gasset, el “problema catalán no se puede resolver, sino sólo conllevar”).

A las tres salidas anteriores, cabría añadir la propugnada por Herrero de Miñón, consistente no en una reforma constitucional, sino en lo que él denomina una "mutación", mediante la incorporación de una disposición adicional que, al igual que se hace para tratar la singularidad de Navarra (disposición Cuarta) o la de los territorios forales (disposición Primera), podría contemplar el reconocimiento del "hecho catalán", blindando algunos tipos de competencias (lingüísticas, culturales, económicas,...). Esa "mutación" podría, en opinión de Herrero de Miñón, ser luego sometida a referéndum de los catalanes por la vía del art. 152 de la Constitución. No obstante, esta salida, a pesar de que lleva varios años defendiéndola el propio Herrero en diversos foros, no ha sido plenamente asumida por los grandes partidos políticos e incorporada en sus programas, por lo que, aun siendo interesante, no la veo probable a corto plazo. 

Son, por tanto, varias las salidas que se plantean en el actual debate político, pero, en mi opinión, ninguna es factible a corto plazo, dada, por un lado, la gran polarización existente en la sociedad catalana y, por otro, la falta de consenso político, tanto entre los partidos del llamado “bloque constitucionalista”, como entre los situados en posiciones cercanas al soberanismo.

Lo único que veo factible es que, sin abordarse por ahora la reforma de la Constitución, el gobierno de Rajoy, mediante un cambio en su política obstruccionista respecto a Cataluña, adopte medidas proactivas que, además de dar argumentos y apoyo al bloque constitucionalista (PP, Cs y PSC), permitan reconstruir las relaciones con un sector de las élites políticas catalanas, rompiendo así la cohesión del frente independentista y minando su actual base de apoyo (por ejemplo, una reforma del sistema de financiación de las CC.AA. que mejore el trato fiscal que recibe actualmente Cataluña; mayores inversiones en infraestructuras; retirada de algunos recursos de inconstitucionalidad; cesión de algunas competencias,…). Sólo así se podrá ir creando un escenario menos polarizado que el de ahora, en el que sea factible abordar, a medio plazo, la reforma constitucional que permita un nuevo encaje de Cataluña en el Estado español.

ANEXO
Apuntes históricos sobre la cuestión catalana

Al igual que otras identidades nacionales, la catalana se ha ido construyendo en el marco de un largo periodo histórico. Sus orígenes cabe situarlos a principios del segundo milenio (siglos X y XI), cuando, tras la desmembración del imperio carolingio, los territorios de la llamada Marca Hispánica se organizan de forma autónoma, siendo el Condado de Barcelona uno de esos territorios. Sin embargo, entre los siglos XII y XV, Cataluña, como resultado de uniones matrimoniales dinásticas, se integrará, como principado, en la corona de Aragón, y seguirá así hasta que se produce la unidad del Reino de España bajo los Reyes Católicos (segunda mitad del siglo XV). Fue ésta una frágil unión de las coronas de Castilla y Aragón, que se rompió temporalmente a la muerte de la reina Isabel, cuando el rey Fernando abandona Castilla y regresa a sus feudos aragoneses.

No obstante, la unión del reino de España sería consolidada años más tarde, cuando el emperador Carlos (primera mitad del siglo XVI) hereda de sus abuelos maternos las dos coronas españolas y recibe, por parte paterna, el reino de Flandes y el imperio alemán. Fue, sin embargo, una unidad más política que real, debido a las fuertes tensiones internas y externas a las que tuvo que hacer frente el emperador y que le desviarían del propósito de construir un Estado moderno y cohesionado  (revueltas de las “comunidades” y “germanías”, guerras de religión, conflictos dentro del imperio,…).

Algo similar le ocurriría a su hijo Felipe II, aunque en menor medida, al haber dividido el emperador Carlos sus dominios cediendo el imperio alemán a su hermano Fernando. Aun así, el rey Felipe II tuvo que gobernar unos vastísimos territorios (desde Flandes a las Américas y Filipinas) en los que “nunca se ponía el sol”, viéndose, además, ante la responsabilidad, como el más poderoso rey cristiano, de liderar la guerra contra la amenaza otomana. Esto hizo que, al igual que su padre, Felipe II tuviera poco tiempo para dedicarse a la necesaria consolidación de la unidad del reino de España. No obstante, y en un claro esfuerzo integrador, se serviría de las mejores cabezas de la nobleza catalana para organizar su gobierno (un ejemplo de ello es el del barcelonés Luis de Requesens, que, entre otros cargos, fue gobernador de Milán y de los Países Bajos, además de Gran Comendador de Castilla). Sin embargo, acontecimientos como el espinoso asunto de Antonio Pérez (secretario de Felipe II) y el asesinato de Escobedo, no ayudaron a cohesionar la unión entre Castilla y Aragón.

Sea como fuere, lo cierto es que la unidad de España se ha asentado históricamente sobre bases poco sólidas, arrastrando problemas de vertebración interna, entre ellos el problema catalán. Porque es una realidad que, desde entonces, el encaje de Cataluña en el conjunto del estado español no ha sido fácil, dando lugar a puntos álgidos de fricción en estos cuatro siglos. Ha sido un largo periodo histórico, marcado siempre por la estrategia de la oligarquía catalana de aprovechar los momentos de crisis política en el Reino de España para plantear sus reivindicaciones independentistas.

Uno de esos puntos de fricción ocurrió durante el reinado de Felipe IV (siglo XVII), cuando, en plena guerra franco-española, se produce la revuelta de los “segadores”, que da nombre al himno catalán y que desemboca en el llamado “Corpus de Sangre” (7 de junio de 1640). Por cierto, fue ésta una revuelta popular que no iba dirigida expresamente contra el gobierno de España, sino contra los abusos del ejército asentado en Cataluña y contra las élites políticas catalanas incapaces de evitarlos (de hecho, ocasionó el asesinato del entonces virrey de Cataluña, el noble catalán Conde de Santa Coloma). Al verse desbordada por la revuelta, la oligarquía catalana, ante la desconfianza que le inspiraban los gobernantes españoles (en especial, el valido Conde Duque de Olivares), pide la protección de Francia (entonces gobernada por el cardenal Richelieu) para que Cataluña pudiera separarse del Reino de España. Tras un intento (frustrado) de proclamarse estado independiente, Cataluña se pone, durante quince años, a las órdenes del rey francés Luis XIII (que es proclamado Conde de Barcelona por la oligarquía catalana). No obstante, volvería Cataluña a la corona española en 1652, una vez que Francia le retirara su protección. La firma en 1659 del Tratado de los Pirineos fijará de modo definitivo la frontera franco-española y delimitará geográficamente el actual territorio de Cataluña.

Otro punto álgido de fricción tuvo lugar sesenta años más tarde. Terminada la Guerra de Sucesión con la firma de los Tratados de Utrecht (1713) y Rastatt (1714), y ante la persistencia de la población catalana y de sus gobernantes (con Rafael Casanova a la cabeza) de seguir apoyando al pretendiente austriaco (el archiduque Carlos), el rey Felipe V ordenó al Duque de Berwick la invasión de Cataluña y la ocupación militar de Barcelona, finalizando el conflicto con la derrota catalana el 11 de septiembre de 1714 (fecha por la que se conmemora la Diada). El resultado de todo ello fue la abolición de los fueros catalanes, así como la suspensión de la Generalitat y su autonomía política (Decretos de Nueva Planta, 1716). Desde entonces, Cataluña, al igual que el resto de la corona de Aragón, dejaría de ser una entidad política autónoma, se regiría por las instituciones castellanas y se integraría de forma plena en el conjunto del Reino de España.

De todos esos acontecimientos surge la denominada “cuestión catalana”, un memorial de agravios respecto al Estado central, que emerge, con más o menos intensidad, en determinadas épocas, según la situación política y económica (en algunos casos, de forma sangrienta como ocurrió durante la “Semana Trágica” de julio de 1909, pero en otros buscando el pacto y el acuerdo como sucedió con la Lliga Regionalista de Prat de la Riba y Cambó, que incluso formó parte de los gobiernos de Alfonso XIII). La “cuestión catalana” se refiere también al problema del encaje jurídico-constitucional de Cataluña en el Estado español, y eso se ha planteado en diversas ocasiones.

Al proclamarse la II República, por ejemplo, la “cuestión catalana” era un tema que mucho preocupaba a políticos e intelectuales republicanos (políticos como Azaña tenían la esperanza de solucionarlo ofreciendo a Cataluña un estatuto de autonomía, mientras que intelectuales como Ortega eran más escépticos). A pesar del desaire inicial de Maciá (máximo dirigente de Ezquerra Republicana), declarando la República de Cataluña justo el día de proclamación de la II República española, las Cortes aprobaron en 1932 el Estatuto de Cataluña y comenzaron a funcionar las instituciones autónomas de la Generalitat. Sin embargo, Lluis Company (el nuevo Presidente de la Generalitat tras la muerte de Maciá) aprovecha una de las más graves crisis por las que pasó la II República (provocada por la revolución de Asturias) para, en un contexto de clara confrontación con el gobierno central (por asuntos como la Ley de Cultivos) y de involución política (bienio negro), proclamar el 6 de octubre de 1934, desde el balcón de la Generalitat, y en un acto de deslealtad hacia las instituciones republicanas, el “Estado catalán de la República Federal Española”, lo que significaba de hecho una declaración unilateral de independencia. Ello provocó que el gobierno de centroderecha de Lerroux suspendiera temporalmente el Estatuto catalán y las instituciones autónomas, si bien, más tarde, en marzo de 1936, el gobierno del Frente Popular se las devolvería restaurando las funciones de la Generalitat.

Durante la Guerra Civil (1936-1939), Cataluña fue escenario de una fratricida y encarnizada lucha armada entre los distintos grupos de izquierda (comunistas, trotskistas y anarquistas), que aterrorizó a la burguesía catalana. Eso explica que, en marzo de 1939, una gran mayoría de la burguesía catalana recibiera con vítores en las calles de Barcelona a las tropas franquistas mandadas por el general Yagüe.

Durante la dictadura de Franco, Cataluña se benefició de la mayor parte de las grandes inversiones en infraestructuras y de las políticas proteccionistas en favor de ciertos sectores estratégicos, al tiempo que las élites económicas y políticas catalanas mantuvieron una “entente cordiale” con el régimen franquista bajo el precio de aceptar determinadas imposiciones sobre aspectos importantes de la identidad catalana (como la prohibición del idioma catalán como lengua oficial). La “cuestión catalana” quedó así congelada, que no solucionada, durante varias décadas, hasta su emergencia en los últimos años del franquismo en el marco de las amplias movilizaciones en favor de la democracia, la restauración de las libertades y el reconocimiento de la identidad nacional en algunos territorios del Estado.

jueves, 19 de enero de 2017

#MARRUECOS, #TURQUIA Y LA SEGURIDAD EUROPEA

En épocas de paz, las relaciones internacionales suelen regirse por la búsqueda de la estabilidad y la seguridad como condición previa a consideraciones de otra índole (éticas, económicas, políticas,...). Como decía Churchill en uno de sus numerosos escritos, los factores ideológicos y las cuestiones morales suelen supeditarse al pragmatismo de la estabilidad y la seguridad y guardarse en un cajón cuando se trata de temas internacionales. Con eso, el político británico venía a decir lo que ya apuntó el sociólogo Max Weber hace casi un siglo, a saber: que la política, y más en el ámbito internacional, no se rige por una lógica basada en la ética de los valores y los principios morales, sino por el pragmatismo de los intereses y las consecuencias.

Si no se tiene en cuenta esto, resulta difícil comprender las extrañas alianzas que se producen entre los gobiernos de algunos países y que dejan estupefactos, si no indignados, a sus ciudadanos cuando comprueban cómo se sacrifican en el altar del pragmatismo valores que deberían ser considerados supremos en una sociedad democrática (la libertad, la justicia, los derechos humanos,...).

Las relaciones de la UE con países como Turquía o Marruecos que no se rigen por los cánones vigentes en las democracias europeas, son un buen ejemplo de cómo en ese tipo de relaciones predomina la lógica de la estabilidad/seguridad sobre factores de otra naturaleza, dejando a la ciudadanía con una sensación de extrañeza y perplejidad.  

La estabilidad como objetivo prioritario en las relaciones internacionales

Siguiendo esa lógica dominante en el ámbito de la política internacional, los Estados, más allá de las divergencias existentes entre los gobiernos, buscan tener relaciones estables con los países vecinos o con los de sus áreas de influencia para garantizarse escenarios de seguridad. Si esa regla falla, surgen problemas, y las discrepancias y diferencias entre países se convierten en conflictos que pueden conducir a situaciones de difícil solución e incluso a una espiral creciente de violencia e inestabilidad.

Los ejemplos de la nefasta estrategia de las potencias occidentales respecto al Irak de Sadam Hussein, la Libia de Muamar el Gadafi o la Siria de Bachar el Asad, anteponiendo otros intereses (petrolíferos,  militares, políticos,…) a la estabilidad/seguridad de la región, ilustran bien lo que quiero indicar.

Por el contrario, es el objetivo de la estabilidad lo que explica la Ostpolitik alemana de los años 1960, impulsada por el entonces ministro de Asuntos Exteriores, y más tarde canciller, Willy Brandt para favorecer las relaciones con la RDA y los demás países del bloque comunista. También el pragmatismo como regla de oro de la diplomacia internacional explica la apertura de relaciones entre China y los EE.UU. en 1972 bajo la presidencia de Richard Nixon (llamada “diplomacia del ping-pong”). En esa misma línea habría que situar el apoyo norteamericano a la firma por parte de Irán del Tratado de No Proliferación Nuclear (julio 2015), al igual que la reciente visita de Obama a La Habana rompiendo cincuenta años de confrontación con el régimen castrista. Intereses económicos, sin duda que los hay, pero, previo a ellos, la creación de un escenario de estabilidad y seguridad es una condición necesaria para el desarrollo de otros tipos de relaciones.

Las declaraciones mutuas de cooperación entre Putin y Trump, por sorprendentes que nos parezcan, pueden enmarcarse en el interés de ambos dirigentes por regresar a un escenario de estabilidad/seguridad en el que los dos países respeten sus mutuas áreas de influencia. Ni qué decir tiene la importancia para España de mantener unas buenas relaciones de vecindad con Marruecos, a pesar de las diferencias políticas y culturales entre ambos países.

Cuando se habla de las perspectivas políticas europeas para el año 2017, se menciona, con razón, la incertidumbre de las elecciones en Francia y Países Bajos y de las probables en Italia, además de la importancia de las elecciones alemanas de septiembre. Y todo ello enmarcado en la aún no superada crisis económica (con la “cuestión griega” siempre en el horizonte), la amenaza (ya realidad) del terrorismo “yihadista”, el nuevo anclaje del Reino Unido tras el Brexit, o los efectos que pueda tener la política norteamericana bajo la presidencia de Trump.

Todos esos factores estarán, sin duda, presentes en el año en curso, pero sus efectos se agravarán o serán mitigados en función de cómo se manifieste la variable “estabilidad”. Y esa variable pasa, entre otras cosas, por Rabat y Ankara, a cuya influencia en la estabilidad/seguridad europea dedicaré unas breves reflexiones en este texto.

Marruecos o la estabilidad  en el flanco suroccidental del Mediterráneo

Marruecos es hoy el país de mayor importancia geo-estratégica en el Mediterráneo occidental. De la estabilidad de nuestro vecino del Sur depende la seguridad no sólo de nuestro país, España, sino de toda UE. En una región tan convulsa como la que abarca la ribera sur del Mediterráneo (desde el Magreb al Mashrek), inmersa en guerras civiles (Siria), en situaciones de estados fallidos (Libia), en precarias condiciones democráticas (Túnez), en derivas autoritarias de alto riesgo (Egipto) o en procesos sucesorios inciertos (Argelia), la estabilidad de la monarquía alauí en Marruecos es un factor de la máxima importancia para la seguridad europea, especialmente ante la siempre amenaza (real o potencial) del radicalismo islamista. España y la UE lo saben, y por eso tratan con un cuidado especial las relaciones con Rabat.

A veces, cuando se observa la evolución social, económica y política de Marruecos, algunos círculos de opinión (tanto a la izquierda como a la derecha del panorama político e ideológico) tienden a resaltar los aspectos negativos y no los positivos. Suelen fijarse en el carácter despótico del régimen, con la presencia casi absoluta del rey Mohamed VI en la vida política y el destacado peso del majzén (corte que rodea al monarca), y no valorar la buena evolución de la economía (crecimientos sostenidos del PIB per cápita en los últimos diez años), la mejora de las infraestructuras o el dinamismo creciente de la sociedad civil marroquí. Tampoco se valora lo suficiente la existencia en Marruecos de un sistema pluralista parlamentario que se ha mantenido vigente desde que este país accediera a la independencia plena de Francia en 1956 bajo el reinado de Mohamed V.

Es un hecho evidente que, como una excepción entre los países de la zona, Marruecos ha sido, y es, un régimen pluralista, con libertad de prensa, tolerancia religiosa y competición entre partidos políticos en procesos electorales. Por supuesto, la democracia marroquí, como la de otros países europeos, es mejorable, debiendo profundizar aún más en la división de poderes, el reconocimiento de los derechos civiles y el respeto de los derechos humanos.

Pero es indudable la evolución en el sentido democrático que ha tenido el régimen alauí en un momento tan grave como el que asola a los países de la región. El acceso al gobierno del partido islamista moderado PJD (Justicia y Desarrollo) tras su victoria en las elecciones de 2011 es un buen ejemplo de esto. Y lo es más aún la victoria de este mismo partido (PJD) en las elecciones legislativas del pasado noviembre, que abre las puertas a que su dirigente Benkirán revalide su mandato como jefe de gobierno en la nueva legislatura (si bien tendrá que volver a gobernar en coalición con otros partidos al no tener la mayoría parlamentaria).

Es verdad que Mohamed VI conserva poderes tan elevados, que nos resulta difícil de aceptar en nuestras democracias, pero también es verdad que poderes similares tienen las presidencias de los EE.UU. o de Francia, y no por eso le negamos la condición de democracias. La estabilidad que proporciona hoy Marruecos es fundamental para la estabilidad/seguridad europea, no sólo en la vigilancia de la frontera sur, sino como dique de contención de la expansión del islamismo radical hacia el oeste del Magreb y desde el África subsahariana.

Turquía o la estabilidad en el flanco oriental del Mediterráneo

La importancia de Turquía para la estabilidad europea, es indudable. Su situación geopolítica, a caballo entre Oriente y Occidente, ha convertido históricamente a este país en una especie de placa tectónica sometida a fuertes tensiones tanto internas como externas. No es extraño el elevado número de golpes militares que han asolado a la Turquía moderna, y los convulsos periodos democráticos que se han sucedido en los últimos ochenta años, vigilados siempre por un ejército erigido en el garante del legado kemalista.

Pero a la hora de acercarnos a la realidad turca, no debemos olvidar que, en Turquía, desde la muerte de Kemal Ataturk en 1938, existe un régimen pluralista de partidos políticos y una Constitución democrática en la que se reconoce la libertad de prensa, la tolerancia religiosa y la separación de poderes. Es verdad que, en diversas ocasiones, el orden constitucional ha sido roto por insurrecciones del Ejército, pero también es cierto que, por la breve duración de los gobiernos militares (ver mi artículo “Turquía y la paradoja democrática” publicado en este blog el 1/08/2016), esos golpes no han significado cortes definitivos en el funcionamiento de la democracia en Turquía. Con sus altibajos, la democracia en Turquía tiene un recorrido más largo que gran parte de los países de la UE.

Sin duda, que la democracia turca es mejorable, pero, al igual que ocurre cuando juzgamos la democracia marroquí, con demasiada frecuencia los europeos prestamos más atención a los aspectos negativos, que a los positivos de lo que acontece en Turquía. Nos fijamos más en el carácter autoritario del gobierno Erdogan, que, por ejemplo, en el sostenido crecimiento de la economía turca en los últimos cinco años (a pesar del freno producido el pasado año), en su interdependencia con la economía europea o en el fuerte dinamismo de una sociedad civil caracterizada por la coexistencia pacífica y la tolerancia mutua entre los sectores laicos y de religión musulmana.

Es cierto que, durante la presidencia de Erdogan, se ha producido una deriva autoritaria del régimen turco, con aplicación de estados de excepción que coartan libertades y derechos, generando el rechazo de cualquier observador con un mínimo de conciencia democrática. Pero también es verdad que Turquía está sometida a una ola de atentados terroristas provenientes tanto del yihadismo (el de fin de año en la sala de fiestas “Reina” en Estambul), como del separatismo kurdo (el atentado de Ankara de julio del pasado año), que genera en dicho país una situación en la que la seguridad se antepone a la libertad. Eso mismo está ocurriendo en países como Francia o Alemania tras los atentados de París, Niza o Berlín, y ya sucedió en los EE.UU. después del atentado de las Torres Gemelas. En España, sabemos mucho de ese dilema entre seguridad y libertad, después de las décadas de plomo del terrorismo etarra.

La realidad actual es que Erdogan y su partido el AKP son, por mucho que nos repugne su modo de actuar, la pieza fundamental para asegurar la estabilidad en Turquía, y que la UE debe ser pragmática e inteligente a la hora de fijar sus relaciones con el gobierno turco reactivando una interesante agenda de cooperación que, lamentablemente, quedó aparcada hace años.

Por su importancia estratégica, la UE necesita a Turquía como socio, tanto para frenar la inmigración ilegal desde su territorio, como para combatir al ISIS. La cooperación con Turquía es necesaria, aunque ello nos resulte incómodo por la forma en que se comporta el gobierno del AKP y por el modo que tiene Erdogán de interpretar los valores democráticos. Es un equilibrio no fácil, en el que la Comisión Europea debe, de un lado, impulsar el cambio en la dirección democrática, apoyando a los sectores más proeuropeos de las élites turcas, y, de otro lado, mantener un escrupuloso respeto de la singularidad de Turquía desarrollando una interlocución eficaz con el propio Erdogan. No es fácil, pero es necesario. La UE no puede permitirse una Turquía desestabilizada, ya que eso tendría consecuencias catastróficas.

En definitiva, en un momento, como el actual, donde la UE necesita condiciones de seguridad para seguir activando la recuperación económica y avanzar en el proceso de integración, la estabilidad en el flanco oriental y en el occidental del Mediterráneo (el eje Rabat-Ankara) es una pieza clave en el desarrollo de las perspectivas políticas de Europa para el año 2017.

lunes, 2 de enero de 2017

PERSPECTIVAS  POLÍTICAS  PARA  2017  EN  ESPAÑA

Tras el extraño y convulso 2016, la política española afronta este nuevo año con un panorama de mayor certidumbre. Ello no implica que esté exenta de los riesgos que conlleva formar parte de una UE que se enfrentará a importantes retos (Brexit, elecciones en Francia y Holanda, refugiados, crisis económica,...), pero lo cierto es que, comparando nuestra situación política interna con la del año anterior, la de este 2017 es bastante menos incierta.

No hay elecciones ni autonómicas ni municipales a la vista, y el gobierno de Rajoy, aunque en minoría parlamentaria, tiene margen de maniobra suficiente para, jugando diversas cartas, asegurarse la estabilidad necesaria en esta legislatura. Algunas de ellas ya las ha sabido jugar con relativo éxito al lograr, con amplio apoyo (Cs, PSOE, CC y PNV), que se aprobara el techo de gasto, un éxito que previsiblemente tendrá continuidad con la aprobación de los presupuestos (gracias también a Cs, CC y PNV, que neutralizarán con su voto favorable la enmienda a la totalidad anunciada por los socialistas y por Unidos Podemos).

Además, queda prácticamente despejada la incógnita de la posible reforma constitucional, al concluir PP, PSOE y Cs que no hay condiciones para ello, dada la actitud rupturista de Unidos Podemos y su disposición a imponer un referéndum incluso para reformas menores que no lo exigen (al contar con el número de diputados necesario para ello). El debate se concentrará, por tanto, en otros temas de menor calado político, aunque no menos importantes para los ciudadanos (como el pacto educativo, la reforma de las pensiones, la subida del salario mínimo, el bono social para abordar el problema de la pobreza energética o la reforma del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas).

Aun así, los más importantes partidos del arco parlamentario afrontan un año de congresos (nacionales y regionales) en los que procederán a renovar sus estructuras, definir sus discursos ideológicos y marcar sus estrategias políticas. Sin embargo, son muy diferentes las situaciones en que los diversos partidos se presentan a sus respectivos congresos.

El PP celebrará con tranquilidad su congreso nacional en primavera. Bajo el liderazgo indiscutible de Rajoy, irá preparando la renovación, sin prisas, pero sin pausas, en un contexto muy favorable desde la posición de gobierno que ostenta, sólo empañado por la abierta ruptura de Aznar, que, por ahora, no parece amenazar la cohesión interna del partido. El sistema de elección mediante delegados, y no por primarias, le garantiza al PP una renovación controlada, sin tensiones, ni situaciones imprevistas.

La situación del PSOE es muy diferente. Tras la crisis abierta con la dimisión de Pedro Sánchez y la constitución de la Comisión Gestora, el próximo congreso lo afronta en una situación aún enrarecida y con un partido abierto en canal y afectado por divisiones internas y por heridas todavía no cicatrizadas. Ninguno de sus dirigentes se atreve a mostrar sus cartas para la candidatura a la secretaría general. Parece que quisieran esperar hasta última hora para hacerlo, a fin de evitar anticiparse a lo que hagan los posibles rivales, dado el alto riesgo que asumen.

El caso de Susana Díaz es significativo. Señalada por todos los medios de comunicación como la candidata mejor situada en la carrera por dirigir el PSOE, no se atreve aún a decidirse, dada la animadversión que despierta en amplios sectores de la militancia por considerarla responsable del modo como se produjo la defenestración de Pedro Sánchez y la principal valedora de la abstención en la investidura de Rajoy. Dado que la elección del secretario general del PSOE será mediante primarias en las que cada militante tiene un voto, el riesgo que corre Susana Díaz es elevado.

Por eso, ante el hecho de no tener asegurada la victoria y ante el riesgo de que un enfrentamiento con Pedro Sánchez provocaría una ampliación de las divisiones internas en el PSOE, se va abriendo paso la idea de que haya un candidato de consenso (¿Patxi López?) que, en una etapa de transición, desempeñe un papel de apaciguamiento. De ese modo, dentro de tres años, el partido estaría en mejores condiciones que ahora para realizar la renovación definitiva de sus cuadros dirigentes y para definir con más calma sus principios programáticos.

Mientras tanto, el PSOE intenta recomponer su estrategia parlamentaria para hacerse visible ante la opinión pública como el primer partido de la oposición de izquierda, en clara disputa con Unidos Podemos. Hasta ahora, y con la buena interlocución que mantiene con el grupo parlamentario del PP, parece que lo está logrando al haber alcanzado acuerdos en temas importantes (como la subida del salario mínimo o el bono social). Pero la legislatura es larga y veremos si se mantiene la buena relación PP-PSOE a la vista de futuros acontecimientos (entre ellos el desenlace final del congreso socialista).

En lo que se refiere a Cs, el partido de Albert Rivera está pagando el precio de no haber querido formar parte de un gobierno de coalición con el PP. La fuerte beligerancia que mostró en las dos campañas electorales ante los temas de la corrupción en el PP, y la feroz crítica de Rivera contra Rajoy, hicieron que Cs tuviera las manos atadas para negociar su posición de cara a la formación del nuevo gobierno. Después del voto favorable a la investidura, lo más razonable hubiera sido que Cs entrara en el gobierno de Rajoy asumiendo dos o tres carteras ministeriales, pero estrechó tanto su margen de maniobra, que acabó siendo presa de sus propias exigencias. Fuera del gobierno, Cs está ahora en una posición extraña, en la que corre el riesgo de perder visibilidad y de diluirse en la oposición. Por eso, afronta su próximo congreso en una situación delicada, ya que tiene que definir bien su estrategia para la legislatura si no quiere quedar reducido a una posición irrelevante a pesar de haber sido, con su voto favorable, el artífice de que Rajoy esté hoy en el gobierno.

Por su parte, Podemos está sometido a fuertes tensiones internas de cara a su próximo congreso (Vistalegre 2). Dada su cultura abierta y participativa, esas tensiones se manifiestan con claridad y de manera algo infantil en las redes sociales, habiéndose expresado ya en las distintas asambleas regionales y en los “círculos”. Más allá de lo que ocurra dentro de las “mareas” y otras formas de organización, que, como se sabe, son partidos federados, pero independientes del partido que dirige Pablo Iglesias, la realidad nos dice que, dentro de Podemos, hay una fuerte lucha por el poder en la que se dirimen, además de disputas personales, modelos distintos de concebir la estructura del partido y estrategias políticas diferentes. En ese debate, demasiado personalizado en las figuras de Iglesias y Errejón (puesto que el grupo de los llamados “anticapitalistas” desempeña un papel fundamental), lo que se discute es el futuro modelo de Podemos como partido político.

La estrategia de Iglesias (cual un nuevo Anguita) es consolidar la alianza con la IU de Garzón y, abandonando su populismo inicial, refundar una izquierda que se oponga frontalmente al PSOE hasta superarlo y, si fuera posible, destruirlo. Esta ha sido siempre la gran aspiración de la izquierda comunista, que ahora confía en Iglesias para lograrlo en una estrategia de difícil ejecución, dada la todavía escasa vertebración interna de Unidos Podemos.

Frente a esa estrategia se sitúa Errejón, quien, coherente con el discurso populista que siempre ha defendido y que ha contribuido con sus escritos a darle cuerpo teórico e intelectual, defiende lo que llama “transversalidad” (pues, no olvidemos que el verdadero populista es Errejón, dicho esto sin ningún sentido peyorativo). Con el término de “transversalidad” lo que Errejón y sus seguidores pretenden es construir una alternativa de gobierno que no tenga por eje la clásica identidad de clase que ha caracterizado a los tradicionales partidos de izquierda, sino que agrupe de manera “transversal” al pueblo, a la “gente”. Con actitudes menos radicales y frentistas, sino más moderadas y amables, y con presencia más activa en las instituciones, aspiran a que Podemos logre atraer a un electorado diverso (de todo el espectro ideológico) desencantado con los grandes partidos.

El objetivo de los ya denominados “errejonistas” no es, por tanto, superar ni destruir al PSOE a corto plazo con una estrategia frontal, como pretende Iglesias, sino ir socavando poco a poco, sin prisas, las bases de apoyo socialista (y también las de Cs e incluso las del PP) para atraerlas a un partido con una cultura nueva y diferente de la tradicional y con una imagen institucional que lo haga creíble como alternativa de gobierno.

Por eso, Errejón y su grupo se empeñan en actuar de manera propositiva en las instituciones y en defender el modelo de democracia participativa que está en la esencia de Podemos como legado del 15M. Y por eso, se resisten a aceptar lo que entienden es la deriva autoritaria en que han caído Iglesias y sus seguidores al asumir la herencia del más rancio centralismo democrático de los viejos partidos comunistas. Ahí radica la clave del pulso que han tenido ambos grupos sobre el modo en que deben desarrollarse las deliberaciones en el próximo congreso de “Vista Alegre 2”, un congreso que, si es de integración, supondrá un fuerte impulso al proyecto de Podemos, pero que si profundiza las divisiones internas será el comienzo de su defunción.

En definitiva, el panorama político del año 2017 parece presentarse relativamente tranquilo en nuestro país, si bien con el tema del secesionismo catalán en el horizonte. Pero eso no es ninguna novedad, ya que también ha estado presente durante los dos años anteriores. El “bloque constitucionalista” (llamado así porque está formado por los partidos PP, PSOE, Cs y CC, que no cuestionan el actual marco constitucional, sino sólo reformarlo parcialmente cuando se den las condiciones propicias) es lo suficientemente amplio y cohesionado en el tema del modelo territorial como para poder gestionar la “cuestión catalana”. Con una equilibrada combinación entre los instrumentos que el ordenamiento jurídico vigente pone a disposición del gobierno, y una apuesta firme por introducir reformas en el tema de la financiación, el “bloque constitucionalista” espera socavar la base de apoyo de los partidos independentistas.

Es bueno que la legislatura sea larga y estable, ya que eso irá en beneficio de la recuperación económica, que es hoy por hoy la principal preocupación de los españoles tal como se viene reflejando en las sucesivas encuestas del CIS. A esa estabilidad contribuirá, sin duda, un buen entendimiento entre los partidos políticos (especialmente entre PP, PSOE, Cs y PNV), para lo cual es necesario que el PP sea consciente de que gobierna en minoría y precisa de pactos para sacar adelante su programa de gobierno. Pero también es necesario que esos otros partidos comprendan que una legislatura larga les beneficia a ellos de igual modo y que por ese motivo deben evitar estrategias obstruccionistas que sólo provocarían un adelanto electoral.

domingo, 18 de diciembre de 2016

EL  BOOM  DEL  RUNNING   

En los años 1960 y 1970, fue el cross country (o “campo a través”, con el palentino Mariano Haro como estrella española). Luego, cuando esta práctica deportiva pasó a los parques y calles de las ciudades, se extendió el uso del término footing y, más tarde, el de jogging. Ahora es el #running el término que utilizamos para denominar lo que es simplemente “correr”. 

“¡Corre Forrest… corre!” y Forrest Gump no paraba de correr. Tras él, por efecto imitación, una hilera de corredores le seguían sin saber muy bien por qué lo hacían. Yo llevo cincuenta años corriendo sin parar, desde que comencé a practicar el cross allá por mediados de los años 1960, y aún sigo disfrutando de un deporte que me apasiona.

Hace unos días un amigo, también corredor, pero de maratones y carreras populares, me preguntaba, en un programa de radio, cuáles eran las razones que, desde el punto de vista del sociólogo, explicarían el boom del running. Las improvisé en esa conversación radiofónica, y ahora, algo más organizadas, las comparto en mi blog.

Los especialistas deportivos dirían que, mientras el jogging hace referencia a correr a trote (a ritmo lento) sin afán competitivo, el running implica un mayor ritmo de carrera y una cierta preparación física. Sin embargo, a los efectos de este breve texto, no haré distinción entre ambas palabras. Simplemente usaré de un modo general el término running para calificar de un modo genérico la práctica de correr por las calles y los parques de las ciudades.

Un deporte libre e individual, aunque también gregario

Correr quizá sea, junto con el montañismo, una de las prácticas deportivas más libres e individualistas que existen. Uno puede correr cuando y donde quiera, sin depender de nadie para hacerlo, como ocurre, por el contrario, con los deportes de equipo. Se puede correr de noche, al amanecer, de día, por la tarde, con lluvia o con un sol de justicia. Uno puede correr por las calles de una ciudad, en un parque, por una carretera, por un camino rural.

Correr es sinónimo de libertad. Cualquier sitio es bueno. Basta ponerse unas zapatillas apropiadas (no tienen que ser caras) y un atuendo deportivo adecuado (pantalón y camiseta de esas usadas que uno guarda en el armario). El coste económico es mínimo, a diferencia de otros deportes, que exigen un desembolso económico considerable. 

Pero también es un deporte que, si uno lo desea, puede practicarlo en grupo. No hay reglas para ello. Por eso, es también un deporte gregario, que no es lo mismo que de equipo. Uno se integra libremente en un grupo de corredores sin que ello le obligue a nada. Puede incluso integrarse en una multitud en las carreras populares sin perder la individualidad, ya que uno corre a su ritmo sin preocuparse de lo que hagan los demás. Es sólo el placer de sentirse acompañado corriendo por las calles de la ciudad.

Un deporte sano, natural, solidario y no competitivo

Correr es la práctica deportiva más natural. No exige aprendizaje alguno, ya que sólo tenemos que utilizar las capacidades que nos ha dado la naturaleza desde que el ser humano perseguía a los animales para cazarlos o huía de los depredadores. Por eso, iniciarse en el running es lo más fácil del mundo, sólo se necesita voluntad.

Basta con unos buenos ejercicios de precalentamiento y de postcarrera para poder practicarlo sin riesgo de lesión. Si uno dosifica el esfuerzo en función de sus capacidades físicas, y no se lo toma de manera obsesiva, el running es un deporte sano y saludable, tanto física como mentalmente. Ayuda a cuidar nuestro cuerpo, relaja nuestra mente, nos hace autodisciplinados (la constancia es condición para una buena práctica del running) y mejora nuestra autoestima al comprobar que somos capaces de alcanzar retos, siempre que éstos sean razonables.

Es, además, un deporte natural, en el sentido de que se practica por escenarios que no exigen construcciones artificiales para ello (ni estadios, ni pistas, ni piscinas cubiertas, ni canchas,…). Los corredores agradecemos si en un parque se habilita algún circuito para correr, pero no es necesario. El contacto con la naturaleza forma parte del running: la brisa del mar, el aire fresco de la mañana, el paisaje de un atardecer, una puesta de sol,… son elementos que pueden ser disfrutados mientras se corre.

Aparte de los pocos runners que participan en las carreras populares con el objetivo de lograr algún trofeo, la práctica del running no es competitiva. Uno no corre para vencer a los demás, sino para lograr un reto personal (llegar a la meta, bajar una marca,…) y disfrutar del mero hecho de correr, lo que no significa que no haya sufrimiento. Entre el dolor y el placer hay una línea muy fina de separación, y los runners saben muy bien a lo que me refiero.

Salvo para los que compiten hasta jugando a las canicas, la ausencia de competitividad es lo que convierte al running en un deporte solidario, ya que no ves al otro como un competidor, sino como un compañero que se plantea el mismo reto que tú (llegar a la meta).

Un deporte popular, universal y de intercambio cultural

El running es también un deporte muy popular, que no discrimina a nadie. Los niños, los jóvenes, los mayores y hasta los abuelos, pueden practicarlo según las capacidades de cada uno. Todo es cuestión de saber dónde están nuestros propios límites. Hasta personas con alguna discapacidad pueden incluso practicarlo ayudándose de algún artificio, como puede observarse en la participación de discapacitados físicos en las carreras populares.

Al ser un deporte fácilmente imitable (el ejemplo de Forrest Gump) se ha convertido en una práctica universal que se extiende por todo el mundo. Uno puede encontrarse con corredores en plenas calles de tu ciudad practicando running, sin tener necesidad de acudir a ninguna cancha o estadio deportivo para contemplarlo. Eso, junto con la facilidad de su práctica, provoca un efecto de imitación (si ése puede correr, por qué yo no), lo que explica su universalización. En cualquier parte del mundo puedes ver gente corriendo, y unirte a ellos como si tal cosa.

Ese carácter universal del running lo convierte en un deporte donde se puede combinar la práctica deportiva y el turismo. Al participar en las miles de carreras populares que se celebran cada año en los lugares más recónditos del mundo, los corredores conocen nuevas ciudades mientras practican el running por sus calles, y cuando finaliza la carrera aprovechan para visitar la ciudad con sus acompañantes (amigos o familiares).

Además de que no hay edad para practicarlo, un hecho importante es que ha posibilitado la masiva incorporación de las mujeres a la actividad deportiva. Hace tres décadas, era raro encontrar, al menos en España, mujeres que practicaran deporte, y mucho menos en el atletismo. Eran, por supuesto, auténticas  excepciones. En el cross country, recuerdo como un caso excepcional el de la aragonesa Carmen Valero, campeona del mundo en 1976 y 1977.

Pero gracias al boom de las carreras populares, la participación de las mujeres ha ido creciendo de forma exponencial, y hoy se las puede ver como algo normal en cualquier maratón o media maratón de las que se celebran en nuestro país. Además, el running quizá sea el único deporte en el que hombres y mujeres pueden participar conjuntamente, sin división sexual alguna. Al no ser un deporte competitivo, la diferencia de sexo no es un factor que discrimine. Es más, la práctica del running por las mujeres suele arrastrar a su pareja, y suele ser habitual que hombres y mujeres lo practiquen conjuntamente.

Un deporte transgresor y festivo

A pesar de su simpleza, el #running es un deporte transgresor, en el sentido de que rompe con las reglas habituales de la vida cotidiana. Al ponerse las zapatillas de correr, colocarse el pantalón corto, el maillot y la camiseta, el corredor se libera de la rigidez de su vida laboral, se quita la chaqueta y la corbata, y durante una hora se lanza a una experiencia de liberación y superación personal.

Es una experiencia en la que, a modo de psicoterapia, el corredor hace un alto en el camino, abandona el ordenador, desconecta las llamadas del teléfono móvil, reflexiona sin prisa sobre su vida o simplemente se deja llevar disfrutando del momento, dejándose atrapar por el canto de unos pájaros, por el silencio del entorno, por la lluvia o la nieve que cae sobre el terreno que pisa, o por la música que escucha en su dispositivo de audio.

En las carreras populares, la transgresión es aún mayor. Por un día, los #runners toman las calles de la ciudad y relegan a un segundo plano el dominio implacable del automóvil. El carácter festivo de algunas carreras populares (como la San Silvestre del día 31 de diciembre) es incluso una oportunidad para que los corredores se disfracen con las indumentarias más variopintas, llevando la transgresión hasta su máximo nivel.

En definitiva, el boom del running se debe a muchos factores, cada uno de ellos importante en alguna medida. En este breve texto sólo he expuesto algunos de ellos, dejando fuera del análisis la influencia que puede estar teniendo la inversión en publicidad de las marcas deportivas, ya que, en mi opinión, influye no sólo en el running, sino en todos los deportes.

Creo que es un deporte que está aquí para quedarse, dada su facilidad para practicarlo, su bajo coste económico, el efecto imitación que produce y su adaptación a las necesidades de expansión y esparcimiento que tiene la población en las modernas sociedades urbanas. Sólo se necesitan unas zapatillas (no necesariamente caras), un atuendo sencillo para correr, un buen ejercicio de precalentamiento, unos retos asequibles (en cuanto a distancia y ritmo de carrera) y seguir los consejos de los fisioterapeutas (los mejores amigos del #runner).

Ah, por cierto, y cuando el cuerpo no aguante los esfuerzos del running (pues llegará un día en que nuestro cuerpo diga ¡basta!), nos pasamos al footing, que consiste simplemente en "andar rápido" y que es también un ejercicio de lo más saludable.